La justicia federal declaró este mediodía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal quienes la resolvieron en el marco de la causa IBM-DGI, al revocar la prescripción de ese expediente y ordenar que se realice de inmediato el juicio oral y público. El fallo del máximo tribunal penal del país tiene especial impacto en momentos donde se investiga el caso conocido como los “cuadernos de las coimas”, que involucra desde la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el dueño de Esuco, Carlos Wagner, entre otros, por el presunto pago de sobornos entorno de la obra pública durante las gestiones kirchneristas.
En el caso IBM-DGI, ocurrido durante la década menemista, se investigó el presunto pago de sobreprecios por parte del Estado, en más de 120 millones de pesos/dólares, cuando se realizó el proceso de informatización de la DGI. Por el caso hay tantos ejecutivos de la mutinacional IBM así como ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem.
Reflotan el caso IBM-Anses, emblema de la corrupción menemista
Hace más de dos años, el Tribunal Oral Federal nº 3, que tenía para juzgar el caso, declaró la extinción de la acción por prescripción. Pero tanto el fiscal del caso, como la querella de la Oficina Anticorrupción (OA) recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación. En tanto que en diciembre de 2016, apenas unos meses después de esa primera decisión, la Cámara decidió la imprescriptibilidad de la causa. Sin embargo esa decisión fue anulada por la Corte Suprema –adónde llegó el reclamo por el caso- por considerar que no estaban los votos suficientes así como tampoco los fundamentos y encargó que se tome una nueva resolución.
En esta nueva oportunidad, el camarista Gustavo Hornos citó el 5º párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, de 1994, que sostiene que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático.
En tanto que su par Juan Carlos Gemignani sostuvo la postura que viene teniendo desde abril de 2014, cuando falló en uno de los casos de la fallecida funcionaria, María Julia Alsogaray. Y apuntó también dirección a lo expresado por la Constitución Nacional, en el 3º párrafo del artículo 36- las acciones respectivas contra los atentados contra el orden democrático resultan imprescriptibles.
Los involucrados en el caso son Ricardo Cossio, Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso. Todos están acusados de defraudación contra la administración pública.
