POLITICA
por una denuncia fiscal

La Justicia ratificó la inhibición de bienes para Cristóbal López

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Congelado. La AFIP le reclama una deuda de $ 8 mil millones. | Cedoc Perfil
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó hoy la “inhibición general” de todos los bienes de Cristóbal López en la causa que investiga una deuda fiscal de $ 8 mil millones. La medida alcanza a los bienes de su socio Fabián de Sousa y los de todas las empresas que integran el Grupo Indalo.
El juez federal Julián Ercolini había ordenado el 13 de julio de 2016 congelar todos los activos de López y su emporio con el objetivo de evitar que desaparezca el capital y se reduzcan las posibilidades de que el Estado recupere esos $ 8 mil millones.
Tras la retirada del kirchnerismo del poder, López perdió parte de su respaldo político y enfrentó la presión del Gobierno para cobrarle un pago retroactivo de una deuda por ingresos brutos, que en total asciende a unos $ 4 mil millones.
El juez Ercolini había dispuesto que la inhibición alcanzara a López y a De Sousa y a todas las empresas del grupo. Entre otras, la petrolera Oil Combustibles SA, Alcalis de la Patagonia (Alpat), la constructora CPC, Ganadera Santa Elena SRL, la productora Ideas del Sur y la Inversora M&S, La Salamandra SA, Oil M&S, la fábrica Paraná Metal, Petrolera Cerro Negro, South Mineral SA, Telepiu SA –controlante del canal de cable C5N– y Votionis SA –Radio 10-.
La Sala I Criminal y Correccional Federal ratificó ayer esa decisión de primera instancia del juez Ercolini. Con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (subrogante), ratificó la medida porque los empresarios “no han logrado demostrar con éxito que la inhibición general de bienes le[s] genere un perjuicio concreto, directo y actual que merituar a los fines de resolver su conservación o revocatoria”.
La Cámara adoptó esta decisión pese a que hace diez días había resuelto enviar la investigación al fuero en lo Penal Económico, que favorece a Cristóbal López. Aunque las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, los dueños del Grupo Indalo apuntan a cancelar la deuda y cerrar así el frente penal que se cierne sobre ellos.