En la Casa Rosada temen que el año próximo el juez Lijo cite a Boudou a declaración indagatoria y que la oposición empuje un pedido de juicio político. El proceso judicial puede avanzar a pesar de los fueros.
La situación judicial de Amado Boudou genera honda preocupación en el Gobierno. Esta semana, dos testimonios lo involucraron de manera directa en la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, algo que el vicepresidente negó varias veces. El kirchnerismo teme que el juez federal Ariel Lijo eleve al Senado el año que viene un pedido de declaración indagatoria a Boudou, y una solicitud para que le quiten los fueros. Para eso, habría que hacerle un juicio político que lo remueva del cargo, es la única forma de que pierda protección. Esto pondría en un aprieto al oficialismo: si concede el desafuero estará entregando la cabeza del compañero de fórmula que Cristina Kirchner eligió y elogió en 2011. Si no lo hace, se instalará la idea de que la Casa Rosada encubre un hecho de corrupción. A Boudou se lo investiga por negociaciones incompatibles con la función pública, por su supuesto interés en que el Estado levante la quiebra de la empresa. También, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El juez puede llamar a indagatoria a Boudou sin pedir el desafuero, y esperar a que el vice vaya por voluntad propia. Pero al tener protección, Boudou puede negarse a declarar y el juez no lo puede llevar por la fuerza pública, como a un ciudadano común.
Los testimonios que lo complicaron son los de Guillermo Reinwick, yerno del fundador de Ciccone, y del propio Nicolás Ciccone. Ellos dijeron en sede judicial que hubo al menos dos reuniones en las que el vicepresidente intercedió para el ingreso de su socio, José María Nuñez Carmona, a la imprenta.
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El permiso de Lijo para que Reinwick y Ciccone declararan en ausencia de los abogados del vicepresidente fue interpretado por el oficialismo como una intención del juez de avanzar hasta las últimas consecuencias en la pesquisa. Esto equivale, dicen algunos funcionarios, a que a mediano plazo se lo cite a indagatoria a Boudou. Ese permiso, además, fue el argumento que usaron los abogados de Boudou para pedir la nulidad de las declaraciones, porque ellos no pudieron estar presentes. Un dato que genera inquietud es la autorización que le dieron a Reinwick para que ingrese al programa de protección de testigos. Ese programa lo administra el Ministerio de Justicia. ¿Hubo un guiño del Gobierno hacia la Justicia en detrimento de Boudou? Otro dato político interesante es que la actual ley de desafuero fue un proyecto de Cristina Kirchner cuando era diputada. La letra chica del texto bajaba la protección para los que tienen fueros, pero le otorgaba ese privilegio a los ministros, que antes no contaban con ese poder. En esa categoría entra el vicepresidente. Ante la situación del vicepresidente, la oposición, en conversaciones informales con el kirchnerismo, viene pidiendo una salida elegante para Boudou: que se tome licencia. Aún si eso se cumpliera, el vicepresidente no perdería sus fueros. Públicamente, el arco opositor salió a pedir que se aparte de su cargo y se someta, como un ciudadano común, a la Justicia. “Es urgente que la propia Presidenta tome la decisión de no seguir encubriendo funcionarios para impedir la investigación de los delitos”, advirtió la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer. La caída en desgracia de Boudou es atribuida en sectores del oficialismo al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a quien acusan de filtrar información sobre el caso Ciccone, algo que él siempre negó. Algunos kirchneristas argumentan que el malestar no es por lo que, en teoría, le hizo a Boudou, sino por el daño al propio Gobierno.
