La Oficina Anticorrupción le pidió a la Presidenta que renuncie a su consultora financiera en Río Gallegos
Se trata de
El Chapel, una empresa creada en 2007. Allí ostenta el cargo de
directora suplente. Por qué se demora el pedido formal.
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Cedoc
Por incompatibilidad de funciones, la Oficina Anticorrupción (OA) le pidió a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se aparte de la consultora El Chapel, un negocio que creó junto al ex presidente y en el cual ostenta el cargo de directora suplente.
La consultora El Chapel, uno de los últimos negocios del matrimonio K, fue fundada en diciembre de 2007 y, entre otras funciones, brinda asesoramiento en materia financiera y de inversión, según consigna el diario La Nación.
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El pedido de alejamiento surgió de una denuncia que había realizado en septiembre del año pasado la diputada de la Coalición Cívica (CC), Patricia Bullrich. Luego de que el informe pasara por las manos del fallecido Abel Fleitas Ortiz de Rozas, la decisión de realizar el pedido de alejamiento surgió de Néstor Baragli, subdirector a cargo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.
Sin embargo, la palabra final estará a cargo del ex síndico general de la Nación, el peronista Julio Vitobello, reemplazante de Fleitas Ortiz de Rozas. Desde su asunción, el caso está demorado y su firma resulta fundamental para que el informe se convierta en un dictamen y una recomendación formal.
El viernes pasado, luego de presentar un pedido de pronto despacho, Bullrich se refirió a los retrasos y apuntó directo contra Vitobello, hombre cercano a Alberto Fernández. "Si no lo hace (por la firma), como fiscal anticorrupción tendrá que dar una justificación muy fundamentada, salvo que esté sometido al poder político".
Según el informe de Baragli, un hombre que está en la OA desde su creación, Cristina no solo debería renunciar a su cargo sino que también tendría la obligación de advertirle al Poder Ejecutivo no contratar los servicios de la empresa. La Presidenta debería alejarse de El Chapel para "evitar que el interés particular pueda afectar la realización del fin público y preservar el deber de imparcialidad de criterio en la adopción de decisiones públicas”, indica el informe.
