Como prometieron gran parte de los candidatos durante las últimas elecciones legislativas, la
oposición buscará reformar el Consejo de la Magistratura, que controla la designación y remoción de
jueces, hoy dominada por el kirchnerismo. Además aspiran a modificar el régimen de jueces
subrogantes que es aprovechado por el oficialismo para designar a magistrados "amigos" en los
juzgados con puestos vacantes.
El
debate comenzará el próximo miércoles 17 de febrero en la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados, presidida por Ricardo Gil Lavedra (UCR). Los legisladores debatirán para
intentar consensuar un proyecto que pretenden presentar en marzo, cuando comiencen las sesiones
legislativas.
El Consejo de la Magistratura fue creado en 1997 para administrar el poder judicial, designar
y remover magistrados. Entonces estaba integrado por 20 miembros, entre legisladores, jueces,
abogados y representantes académicos. El kirchnerismo lo reformó en 2006: redujo los miembros a 13
y aumentó la proporción de legisladores. Hoy los consejeros oficialistas son 5, y como se necesita
el voto de dos tercios del cuerpo para designar o enjuiciar a un juez,
siempre se requiere la colaboración de al menos un kirchnerista.
"Así,
el Gobierno ejerce un poder de veto que es prioritario revertir; creemos que
podremos lograrlo rápidamente y por medio de un acuerdo razonable con el resto de la oposición, ya
que es crucial para preservar la independencia judicial", explicó Gil Lavedra
al diario
La Nación.
Los opositores de la Comisión de Justicia se dividen entre quienes quieren hacer una reforma
integral del Consejo de la Magistratura y quienes sólo apuntan a modificar la cantidad de miembros.
El diputado radical dice que
el debate será "suficiente, pero no eterno".
Desde el Peronismo Federal, por su parte, apuntan a una "reforma integral" y con ellos
coincide la Coalición Cívica, que propone no sólo
volver a los 20 integrantes, sino también un sistema imparcial de selección de
magistrados y
reducir a 60 días el tiempo que tiene el Poder Ejecutivo para resolver sobre los
candidatos que propone el Consejo, entre otras modificaciones, según
La Nación. El PRO también reclama la reducción de los representantes legislativos en
el Consejo y en su lugar propone que
la Corte Suprema presida el organismo.