La reforma judicial del Gobierno va camino a trabarse en los tribunales

El Poder Judicial que el gobierno de Cristina Kirchner busca modificar es precisamente el lugar donde aparecerán las trabas que dificultarán su propósito. Y las medidas cautelares, que también se intenta limitar, prometen ser su primer obstáculo.

Luego de que el Congreso, como se espera, apruebe los proyectos del Poder Ejecutivo con un tratamiento exprés, ya están previstas decenas de presentaciones judiciales para declarar su inconstitucionalidad. Los propios abogados que harán las denuncias dan por descontado que algún juez del país, considerando el malestar que también tienen con esta reforma, hará lugar a una medida cautelar y frenará su aplicación. Caso contrario, pedirán el per saltum para que sea la Corte Suprema la encargada de resolver la cuestión.

Colegios de abogados de todo el país, organizaciones no gubernamentales vinculadas a cuestiones judiciales y dirigentes políticos de la oposición ya están evaluando cómo avanzar con esta estrategia. Durante las próximas dos semanas, en las que los seis proyectos avanzarán en el Congreso, seguirán dando muestras de descontento, incluso apelando a la reacción social. Sin embargo, todos dan por descontado que el Gobierno volverá a aplicar su mayoría parlamentaria para que los cambios sean ley.

"Cuando se apruebe, nosotros vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, junto a una medida de no innovar", le explicó a PERFIL Jorge Rizzo, titular del Colegio de Abogados porteño. A ese reclamo se le sumará el de la agrupación de abogados en la que milita, Gente de Derecho. La estrategia se resolvió el jueves pasado en una reunión junto al colegio bonaerense y de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados). Según pudo averiguar PERFIL, unas cuarenta o cincuenta entidades de letrados están preparando recursos para presentar en sus provincias.

“Es tan grosero lo que se quiere hacer, que van a salir las cautelares”, anticipó Antonio Carabio, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro. Y agregó: “La votación popular es lo mismo que poner legisladores a elegir a los jueces”. Tanto esa entidad como la de Rizzo ya hicieron reclamos de inconstitucionalidad ante la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, que duermen en la Corte Suprema. En ese caso, los jueces no aceptaron las medidas cautelares.

Jueces molestos. Tanto los abogados como los políticos opositores miran con expectativas la reacción de los jueces. En los tribunales no descartan impulsar medidas de inconstitucionalidad e incluso hacer uso de las medidas cautelares para frenar la puesta en vigencia, sobre todo de la ley que reforma el Consejo. No sólo generó malestar que ahora los jueces y abogados deban ser electos por el voto popular, sino que se le quita a la Corte Suprema el control de la caja judicial.

La duda, sin embargo, es si algún juez se animará a firmar una medida cautelar en contra del Gobierno, como ocurrió con la Ley de Medios.

Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, se limitó a explicar: “Una vez aprobados los proyectos, se impugnarán si analizamos que así debe ser”. “Creemos que con estos proyectos se intenta un vaciamiento de la Corte, una partidización absoluta del Consejo de la Magistratura y convertir el Poder Judicial en un sistema de justicia dependiente del poder político”, aseveró.

Los tiempos, en este caso, serán claves, ya que entre mediados de mayo y principios de junio se definen las alianzas y candidaturas de cara a las primarias, en las que debutarían las boletas de consejeros. Si una cautelar frena ese proceso, será el Gobierno el que pida el per saltum. Ayer el diputado K Héctor Recalde aseguró que la iniciativa busca “tener una Justicia más independiente”. Y recordó: “La última palabra la tiene la Corte Suprema, y ésta tiene absoluta independencia”.

Será la Corte Suprema la que defina, finalmente, si le frena la reforma al Gobierno.