La silla eléctrica de la provincia de Buenos Aires
La
inseguridad provocó la renuncia del segundo de
Storneli, por diferencias en la política de seguridad. De las protestas vecinales
en
Junín al
triple crimen de policías en La Plata y la desaparición de
López.
A sólo cincuenta días de asumir, el gobernador bonaerense Daniel Scioli ya tuvo su primera crisis política como consecuencia de la inseguridad, un tema que todos dicen conocer pero, evidentemente, nadie sabe cómo resolver.
La sorpresiva renuncia del subsecretario de seguridad Martín López Perrando, atribuida a “diferencias metodológicas en la aplicación de la política de seguridad”, trascendió ayer mientras los medios difundían la “pueblada” de los vecinos y comerciantes de Junín, hartos por los más de 100 asaltos que sufren por semana.
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Pero, sin dudas, la reacción popular que mayor preocupación provocó en el ministerio que conduce Carlos Stornelli, fue la drástica decisión de los vecinos de Tres Arroyos de organizar brigadas armadas para patrullar los barrios y evitar los robos. La posibilidad que esta actitud sea imitada en otras localidades bonaerenses podría derivar en una escalada de violencia de impredecibles consecuencias, sostienen los colaboradores del ministro.
Scioli era consciente de las dificultades que iba a enfrentar al asumir como gobernador bonaerense. El tema de la seguridad siempre fue una virtual “silla eléctrica” que precipitó renuncias, cambios de ministros, purgas policiales y crisis políticas al más alto nivel.
Uno de los antecedentes más recientes fue el brutal asesinato de tres policías en la Dirección de Comunicaciones bonaerense, ocurrido el 19 de octubre de 2007, a días de las elecciones presidenciales. El propio Kirchner se apresuró a denunciar un claro “mensaje político”, aunque luego se especuló con un crimen pasional y hasta vincularon a barrabravas al episodio. Después de tres meses, lo único concreto es que el hecho sigue impune y fueron reemplazados los jefes de la investigación. Demasiado poco.
Pero sin dudas, la desaparición de Julio López, el 18 de septiembre de 2006, fue el mayor escándalo vinculado a la seguridad que no sólo sacudió a la administración de Felipe Solá, sino también a la presidencia de Néstor Kirchner. La repercusión fue tal que Cristina Fernández debió dar explicaciones en Europa durante su cuestionada gira de lanzamiento internacional como “futura presidenta”. Respecto a la investigación, fracasaron todos los rastrillajes en descampados y análisis de restos óseos hallados en los últimos meses. Lo único que se mantiene vigente es el reclamo de justicia de los familiares del testigo del caso Etchecolatz.
Scioli sabía que el tema de la seguridad iba a ser el brazo a torcer durante su administración. La incógnita es si podrá desactivar la “silla eléctrica”.
