La presentación fue encabezada por el diputado Ricardo Alfonsín y lo acompañaron sus pares en la Cámara baja Juan Pedro Tunessi, Miguel Bazze y María Luisa Storani. La denuncia se realizó por "las graves irregularidades y hechos de corrupción" sobre "los negocios del intendente Blas Altieri con familiares y personas de su entorno" que están en manos del fiscal de Dolores Martín Prietto.
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"Estos hechos comprenden negociaciones incompatibles con la función pública del intendente Altieri, la integración de una asociación ilícita a través de la conformación de sociedades destinadas a ser favorecidas con los contratos y dineros públicos y la ilegal asignación de viviendas sociales, muchas de las cuales habrían sido comercializadas a través de la inmobiliaria del propio Altieri", señalaron los diputados radicales.
A su vez, los legisladores de la UCR denunciaron ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense la "inacción de los fiscales del departamento judicial de Dolores" en la investigación "de estos ilícitos, lo que constituye un grave encubrimiento".
Sin embargo, Vazquez explicó que “sorpresivamente el Instituto contestó la nota con evasivas y dilatando la entrega del expediente. Esto nos permite presuponer una complicidad con los involucrados en los hechos y tememos por la integridad del expediente administrativo. Tememos que modifiquen las actuaciones”, alertó el senador.
Por otro lado, el senador aseguró que el caso de Pinamar tiene que ver con una "metodología irregular de los gobiernos nacional y provincial en la adjudicación de la obra pública. “Es el mecanismo para evadir el control y beneficiar a empresarios amigos”, apuntó.
Agresión a CQC. Vazquez señaló, en relación con los hechos denunciados por CQC en Pinamar, que ”esto es un escándalo público. Se trata de un programa que debió tener un fin social y los beneficiarios son familiares del intendente y funcionarios que están lejos de ser los sectores más necesitados de la sociedad de Pinamar. Esto tiene que ver con el exclusivo beneficio económico de Altieri a través de sus empresas privadas vinculadas con el negocio de la construcción y el loteo”.
El senador aseguró que “Altieri tiene que dar un paso al costado mientras se desarrolle la investigación y le corresponde la destitución si se comprueban los hechos denunciados públicamente”.
