En la segunda etapa de la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, los kirchneristas “duros” apuestan a la causa judicial por Papel Prensa para continuar dando batalla al multimedio.
El sector de los funcionarios más enfrentados con Clarín tiene al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbatella, entre uno de sus alfiles. Su próxima apuesta es despojar a Clarín de la única fábrica de papel para diarios del país: Papel Prensa.
La UIF prepara una nueva estrategia para meterse en la causa que investiga la supuesta apropiación de la planta de papel y ser querellantes. El know how de esta estrategia pertenece al ex juez español Baltasar Garzón. El ex magistrado, que investigó delitos de lesa humanidad, se reunió a fin de año con Sbatella en su despacho. Allí, ambos conversaron sobre cómo trasladar la experiencia de Garzón a la investigación de supuestos delitos económicos cometidos contra las víctimas de la represión.
Garzón debatió con Sbatella sobre cómo aplicar el delito de lavado de dinero para perseguir la apropiación de bienes durante la dictadura. Hay unas seiscientas causas por apropiación de bienes iniciadas por ex detenidos o familiares de desaparecidos. Garzón expuso el caso de Pinochet, ya que el ex juez embargó los bienes del chileno cuando lo investigó por delitos de lesa humanidad.
La estrategia es sostener que en la apropiación de bienes hay lavado de dinero porque los bienes fueron obtenidos por los “apropiadores” de manera ilegal –ante la coerción, la tortura y el secuestro– y luego se “blanquearon” como lícitos, simulando una compraventa legal. Sbatella quiere comprobar que el supuesto delito de apropiación de bienes no prescribió porque se sigue cometiendo a través del lavado, ya que sigue generando frutos económicos a sus supuestos apropiadores. Con esos argumentos, la UIF logró ser querellante en la causa ESMA y pidió embargar los bienes de los acusados.
Esos serán los argumentos que utilizará la UIF para solicitar a la Justicia ser querellante en la causa Papel Prensa, en donde se investiga si la familia Graiver fue “extorsionada” para vender la empresa. Si el organismo antilavado es aceptado por el juez como querellante, podrá pedir medidas y ofrecer pruebas. Y aquí viene la segunda parte de la estrategia de los “duros” en la causa.
Tasar. En el expediente, la Secretaría de Derechos Humanos –que ya es querellante– pidió por tercera vez la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por supuesto delitos de lesa humanidad, ya que sostiene que compró la empresa a través de la coerción a Lidia Papaleo. En el juzgado de Ercolini sostienen que, en su declaración como testigo, Papaleo no dijo lo mismo que a los medios y dudan si pudo sostener que fue extorsionada.
Ercolini cree que la causa avanzará cuando tenga los resultados de la tasación de Papel Prensa, que encargó a técnicos del Tribunal de Tasación de la Nación y a peritos de la Corte Suprema. Quiere saber cuánto valía la estratégica empresa –la única que produce papel de diario en el país– cuando fue vendida. Así, podría establecer si la empresa fue entregada a precio vil o no.
Y aquí es donde la UIF quiere aportar pruebas: Sbatella realizó su propia valuación contable de Papel Prensa. Lidia Papaleo, entonces titular de la empresa, sostiene que Clarín ofreció pagar casi 9 millones de dólares durante la dictadura. Pero el organismo antilavado sostiene que el “valor real” de la empresa era de 250 millones de dólares. La UIF adaptó esa cifra a un posible valor actual, ajustando el dólar a una tasa anual acumulativa del 12 por ciento, en base a recomendaciones del Banco Mundial. El resultado: más de mil millones de dólares de hoy.
Funcionario impugnado. El titular de la UIF, José Sbatella, es uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición y los medios.
Varios dirigentes opositores han impugnado su postulación para seguir al frente del organismo antilavado. La Presidenta quiere que siga al mando de la unidad.
El 14 de febrero será la audiencia pública para escuchar las respuestas de Sbatella a esas impugnaciones. Prepara su estrategia para defender su gestión.
El funcionario está convencido de que su cruzada contra el Grupo Clarín por Papel Prensa y la fusión de Cablevisión y Multicanal –a la que se opuso en 2007– le valen las críticas y artículos que denuncian la utilización de la UIF para presionar a opositores del Gobierno. Por esos supuestos hechos, fue denunciado penalmente ante la Justicia.
Sbatella lleva una cuenta de las tapas y notas que le dedican Clarín y La Nación. Es uno de los “convencidos” de que la guerra contra el Grupo debe seguir.
