“Todo estaba atado con alambre”. La frase del funcionario no es retórica. Literalmente, una auditoría encargada por el gobierno de María Eugenia Vidal sobre el estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires descubrió que en un gran número de celdas faltaban candados para cerrarlas durante las noches. Se sustituían por ataduras con alambres.
No solo eso: en los pabellones de máxima seguridad se exige el uso de de candados revestidos en acero, más resistentes y con la capacidad de ser incombustible. Sin embargo, según el documento al cual tuvo acceso PERFIL, solo el 30% cumplía con las exigencias.
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Con la declaración de la emergencia penitenciaria, se aceleraron los procesos para adquirir diez mil candados. La mayores irregularidades, sin embargo, giran en torno a los sobreprecios o sobrefacturación.
En el rubro comida, por ejemplo, el recién nombrado subsecretario de Política Penitenciaria, Juan José Baric, inició una causa penal por extorsión y defraudación contra uno de los proveedores de carne del penal de Olmos.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso PERFIL, el empresario solicitaba al momento de la entrega que se firmara un comprobante por un monto mayor a la mercadería que entregaba. “El encargo era por siete mil kilos de carne, pero el recibo que te obligaba a firmar decía 8.300. Si no le firmaban el recibo, no bajaba la carne. Su carta de negociación era la posibilidad de que se armara un motín”, explicó una fuente al tanto de la investigación.
Algo similar sucedía con otro proveedor, pero de pollo. En el contrato se estipulaba la entrega de una cuota semanal de aves. Sin embargo en los envíos, en vez de pollos trenzados había solo alas.
La operatoria fue denunciada por los mismos proveedores cuando tuvieron que ir a dar explicaciones ante las autoridades provinciales. La sospecha era, a su vez, que la carne entregada luego se revendía.
Al analizar el estado contable, los auditores se encontraron con deudas de seis meses en el 95% de los proveedores contrados.
“En las 55 unidades se pueden observar problemas edilicios graves, desmoronamiento de paredes, interrupción del servicio cloacal, falta de suministro de agua, cámaras frigoríficas sin funcionamiento, el 60% de las luminarias del servicio perimetral no están operativas, más de la mitad de la flota de vehículos para traslado de internos está desafectada por desperfectos”, sostiene el informe.
Presos sin agua. En algunas de las unidades, los enviados para auditar encontraron que faltaban servicios esenciales, como en General Alvear donde no había suministro de agua. Allí, la cárcel directamente se construyó en una zona con problemas de napas para abastecerse. Hay problemas en el resto de los 53 complejos penitenciarios. “Existía una directiva que impedia que se denunciaran en los reportes falencias edilicias”, explicó una fuente bonaerense
