Las deudas pendientes de la salud pública en la Ciudad

En la madrugada del martes primero de abril, a Humberto Ruiz, un hombre de 47 años, le agarró un ataque de epilepsia. Su familia entró en pánico. Llamaron al servicio de emergencias a las 6.30. Pero la ambulancia, que llegó a la zona después de las 9.30, se negó a ingresar a la villa 31, donde el hombre vivía, argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad, denunció la familia. A Ruiz lo sacaron los vecinos en un carro. Pero la ambulancia ya se había ido. Murió media hora después.

El caso, ocurrido en 2011, no fue el único pero sí significativo para la gestión de salud del PRO, que el año pasado, en una audiencia judicial frente a la Defensoría del Pueblo se comprometió a dejar fija una ambulancia en la Villa 31 y en la Villa Fátima. “Hoy el mismo organismo recibe denuncias de que el fallo no está cumplido, de que muchos vecinos no reciben atención”, explicó a Perfil.com el dirigente massista Diego Kravetz.

Es que mientras la Defensoría del Pueblo recibe denuncias de incumplimiento del fallo, la vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal encabezó un acto de donación de cinco ambulancias que ya no pueden ser utilizadas en la Ciudad por cuestiones de reglamentación.

“Es una total contradicción que mientras hay zonas carenciadas sin recibir atención médica se donen ambulancias a otros distritos con claros fines electorales”, siguió Kravetz, que encabeza la ONG Instituto de Políticas de Planificación, que pide una “ley de pacificación” de villas para que todos los servicios lleguen a los 39 asentamientos precarios.

El argumento del PRO gira en torno a que los vehículos sanitarios donados no tienen permiso de circulación en la ciudad porque superan el límite de antiguedad. “Nos pareció que si no se pueden usar acá, a otros distritos más necesitados les pueden venir bien”, explicaron desde el macrismo. La respuesta de los opositores, que inciaron una demanda por irregularidades en el traspaso, no se hizo esperar: “La reglamentación la pueden cambiar para prestar servicio en todo el territorio de la Ciudad”, lanzaron.

La gestión en salud pública le trajo varios dolores de cabeza al PRO, que acumuló críticas y denuncias durante los siete años que lleva al frente de la administración de la Ciudad. La Coordinadora Gremial de la Salud Pública (Congresap) enumeró en su último informe, presentado ante la Legislatura, una serie de problemáticas complejas que acosan a la salud pública en la Ciudad.

Falta de personal de enfermería; escasez de insumos básicos para prestar servicio; desfinanciación de vacantes; disminución en el número de camas de internación y de quirófanos habilitados; cierre de programas de atención. “El funcionamiento de los hospitales y centros de salud de la Ciudad se encuentra gravemente afectado por el vaciamiento del recurso humano por falta de nombramientos y desfinanciación de vacantes”, señalaron los especialistas del organismo.

Por otra parte, señalaron que “existe una crítica falta de personal de Enfermería, causada por las pésimas condiciones salariales y laborales, por el incumplimiento de las leyes que regulan su ejercicio y el sistemático bloqueo a la incorporación a la carrera profesional, situación que afecta profundamente a los servicios de internación”.

“En el distrito más rico del país hay más de 1.600 pacientes en lista de espera para ser operados, muchos pasan de lo crónico a la urgencia, con el riesgo que representa”, sostuvieron ante la comisión de Salud de la Legislatura. Refirieron, además, que las insuficientes respuestas del hospital público en todas las áreas, dirigidas a la población más vulnerable, tienen su correlato en la falta de nombramientos, insumos, reactivos, fármacos e infraestructura en casi todos los hospitales. 

A su vez, la Congresap enfatizó que los salarios están depreciados por aumentos insuficientes, descuentos injustificados y el cobro del 40% en negro, por lo que muchos profesionales de la salud migran al ámbito privado. “Los problemas de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires son muy complejos e históricos, pero esta gestión está hace siete años y aún no encontró soluciones viables”, concluyó Kravetz.