El empresario kirchnerista, que permanece detenido en el Penal de Ezeiza desde el 5 de abril pasado, sostuvo que el magistrado "está usando" el expediente para mejorar su situación personal. Además, puso en duda su designacón, y pidió que se investigue si su designación, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue realizada a través de un "polémico concurso".
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Báez pidió que la Cámara Federal cite a declarar a cuatro exintegrantes del Consejo de la Magistratura: Oscar Aguad (hoy ministro de Comunicaciones), Mario Cimadevilla (titular de Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA), al camarista Ricardo Recondo y el abogado Daniel Ostropolsky. Solicitó que cuenten cómo Casanello llegó a juez, y recordó que "representantes del Frente para la Victoria" hicieron renunciar a un candidato que estaba mejor posicionado que el actual instructor de la causa por lavado de activos que lo tiene preso.
"Estamos ante un plan concebido y ejecutado por el director del proceso para blindar cualquier posibilidad de persecución a funcionarios públicos pertenecientes a un Poder Ejecutivo afín a sus expectativas laborales, y así otorgar una red de contención a las máximas autoridades del gobierno que lo ungió como magistrado", advirtió Lázaro, según el escrito publicado por la agencia DyN.
El empresario recordó la imputación que pesa contra Casanello y la jefa de la Procuración General, Alejandra Gils Carbó, en una causa en la que fueron procesados dos fiscales especiales por, precisamente, haber excluido el nombre del empresario de la construcción Báez en el inicio del sumario de la llamada "ruta del dinero K". Y denunció que el magistrado usa "dos velocidades" en el expediente: una contra los Báez y otra como otros imputados, como el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, quien fue indagado y aun no se le resolvió la situación procesal.
Hasta ahora, solo Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro, había planteado la recusación de Casanello diciendo que el juez no quería apuntar hacia la Cristina Kirchner. Lázaro pidió una audiencia personal con los jueces de la Sala II de la Cámara Federal para decirle que él había visto al juez en la quinta de Olivos, pero el informe elevado días atrás por la Policía Federal determinó que no se había podido probar esa aseveración.
En un escrito ante la Cámara Federal conocido hoy en Tribunales, y patrocinado por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Báez amplió los fundamentos para pedir la recusación de Casanello ante el temor de "no estar ante un juez imparcial" y advirtió: "El adelantamiento de mi indagatoria y mi arbitraria detención no es más que un método de presión para evitar que pueda aportar datos de funcionarios públicos nacionales".
Báez definió a Casanello como "un juez que, celoso de su caso, está direccionando la investigación a las periferias de los hechos denunciados y esta actitud ha llevado al a quo a una situación límite, a una encrucijada, de tener que utilizar las actuaciones como un método de defensa, como un arma disciplinadora, para no solo evitar ser apartado sino la de autopreservarse en el cargo".
"Lo ha hecho con tanta parcialidad, que hasta insólitamente el magistrado encargado de la investigación exacerbó su intervención al punto de que, cegados por el caso, brindó una conferencia de prensa llamando a prestar declaración indagatoria a mis hijos el mismo día que decidí contar el incidente de Olivos frente a VV.EE. y haciendo manifestaciones degradantes contra mi persona", afirmó.
La defensa sostuvo que "no puedo dejar de destacar que pesa sobre el magistrado una denuncia, muy cercana al inicio de la causa donde se encuentra imputado junto a la Procuradora General de la Nación por el direccionamiento de la presente causa".
"Esta situación no hace más que ratificar lo que aquí vengo sosteniendo y es precisamente que el magistrado está utilizando el expediente y las facultades que le otorga el código de procedimiento para ejercer su defensa, cuestión intolerable en un Estado de Derecho", concluye el escrito.
