En un nuevo avance para lograr el control civil de las fuerzas de seguridad, el gobierno de Mauricio Macri le quitó a la Policía Federal el área de control sobre su caja y puso la tarea en manos de funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad. La decisión llegó en medio de la crisis de la cartera de Patricia Bullrich por el caso Maldonado.
La Policía era hasta el miércoles la única fuerza federal que seguía controlando sus finanzas a través de la Unidad de Auditoría Interna, que supervisaba las decisiones financieras de la Federal y la distribución de sus recursos, que este año están presupuestados en unos $ 4.193 millones.
La decisión fue oficializada el miércoles por medio de un decreto que firmaron Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad. Se disolvió esa unidad interna de la Policía, se desplazó al jefe de esa área y se dispuso que sus funciones serán ahora realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, a cargo del funcionario Sergio Lombardo, un hombre de confianza de Bullrich. Esa área ya concentra el control de las cajas de todas las fuerzas federales. Su rol, además, es controlado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
El manejo de dinero de la Prefectura y la Gendarmería era controlado desde principios de los 90 por funcionarios del Ejecutivo. Lo mismo sucedía con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero la Federal logró durante 24 años mantener su autonomía en un área clave, confirmaron fuentes oficiales a PERFIL. Tanto en la fuerza como en Seguridad atribuyeron el cambio a la búsqueda de “mayor transparencia” y a resolver el “desfasaje que se mantenía entre la Federal y el resto de las fuerzas”.
Se trata de la segunda modificación en la estructura de la Federal en lo que va del año, luego del traspaso de los agentes operativos a la Ciudad de Buenos Aires, que implicó la mudanza virtual de las comisarías porteñas, señaladas como las “cajas negras” de la Policía. La otra “caja grande”, utilizada para compras de chalecos, patrulleros y armamento, ya era manejada desde el ministerio de Seguridad, que centraliza las compras importantes de las cuatro fuerzas. La decisión tomada por la ministra Bullrich achicó nuevamente la estructura de la Federal. La Unidad de Auditoría Interna era la segunda estructura de importancia en la fuerza, después de la Jefatura, que hoy ocupa Néstor Roncaglia, de buen diálogo con el Gobierno.
El desplazado auditor interno de la Federal es un contador renombrado en la fuerza: Eduardo César Gatti. En la Policía es “un hombre de consulta permanente”, que logró mantenerse en ese cargo durante más de una década. Los jefes policiales pasaban, pero Gatti quedaba. Sus contactos van por arriba de la estructura policial. El saliente jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Federal era socio comercial de la familia del ex ministro Aníbal Fernández, según pudo comprobar PERFIL. Al mismo tiempo que encabezaba la unidad interna de la fuerza dedicada a controlar cómo la Policía manejaba sus finanzas, Gatti era accionista de la empresa Palo Verde SRL, una estación de servicio montada en una de las esquinas más codiciadas de la localidad bonaerense de Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires. La empresa estaba a nombre de Gatti; de Facundo Fernández, hijo de Aníbal; y de Néstor Venancio Zabala, actual suegro de Aníbal. Al mismo tiempo que Fernández era funcionario de CFK, la empresa familiar era proveedora del Estado municipal del partido de Almirante Brown. Los tres socios cedieron sus acciones en 2014 a otro grupo de empresarios del rubro de combustibles.
Gatti y el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner trabajaron juntos durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando el primero era director general de una subsecretaría a cargo de la Secretaría General de Presidencia, que encabezaba Fernández.
