Con pocas chances de ser tratado este año, el Gobierno nacional enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley de Alquileres. La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de la Vivienda, Iván Kerr y legisladores oficialistas encabezados por Daniel Lipovetzky, tendrá que sortear diversas dificultades con un Congreso prácticamente en receso y en época de elecciones.
A esto se le suma, además, que ya existe una iniciativa presentada por Lipovetzky y otra que fue avalada por el FpV, el Movimiento Evita y la Red por Argentina. Pero, a diferencia de estas, la nueva propuesta del oficialismo plantea que se podrán indexar contratos para los alquileres que superen los 650 UVAs, o sea unos 26.676 pesos. Además, los alquileres por debajo, se actualizarán en base a la variación mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), de acuerdo a datos brindados por el diario Clarín.
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Por otro lado, el depósito de garantía que se le cobrará al inquilino no podrá superar el importe equivalente al primer mes de alquiler y se mantendrá el plazo de dos años de duración para los contratos, con posibilidad de extenderlo de forma automática por un año más. Además, las garantías para el alquiler podrán ser de otro inmueble, un seguro de caución, un aval bancario, una garantía personal del locatario o de fianza .
La garantía se podrá documentar con certificado de ingresos, recibo de sueldo o cualquier otro medio fehaciente. En esta línea, el locatario podrá, también, proponer al menos dos garantías y el propietario tendrá que aceptar alguna de las opciones. El monto deberá ser devuelto al momento de la devolución del inmueble y deberá estar actualizado a través del mismo procedimiento utilizado con el contrato.
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La sanción de una Ley de Alquileres es uno de los reclamos más sostenidos de la clase trabajadora para que se contemplen algunos derechos de los inquilinos que hasta el momento siguen desatendidos. El proyecto obtuvo en 2016 media sanción en el Senado y contó con dictamen favorable en Diputados tras un dilatado debate, pero perdió estado parlamentario en diciembre del año pasado.
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