Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, rompe sus últimos tiempos de silencio con dos objetivos inconfundiblemente claros en sus palabras. Por un lado, defender la puesta en marcha del nuevo Código Civil. Por el otro, enviar un mensaje al futuro presidente pa que se abstenga de tentarse a avanzar sobre el tribunal como ocurrió en el pasado. Defiende los logros de la Corte con comodidad. Menos a gusto se lo observa al explicar la falta de avances en las investigaciones por corrupción.
—Aparece un fuerte contraste entre Argentina y Brasil, donde la Justicia llevó a la prisión a grandes contratistas del Estado y a importantes funcionarios públicos. ¿Qué falla en la Justicia argentina?
—La experiencia de Brasil también tiene sus matices. No es exactamente lo que sale en los diarios. Hay una historia de muchos años detrás, cambios legislativos importantes que permiten lo que hoy está pasando. Esto es un proceso que lleva muchísimos años, que incluyó en primer lugar la facultad de que la Corte Suprema enjuicie. Acá eso no existe. Eso es un cambio muy importante porque permitió que la Corte juzgara a los acusados por el Mensalao.
—¿Usted propone cambiar la Justicia argentina? ¿Que la Corte pueda enjuiciar como en Brasil?
—Hay muchas reformas legislativas que hizo Brasil. Está también la Ley de Probidad Administrativa, que establece acciones concretas de probidad en el campo de la administración pública. Otro elemento importante fue la figura del arrepentido y la posibilidad de que la procuración actúe, porque muchas de estas investigaciones las llevaron adelante los fiscales. Nosotros tenemos que reformar nuestro sistema legal. La Corte no tiene la facultad de reformarlo, pero sí tiene la clara voluntad de que debe ser cambiado. El año pasado sacamos dos normas en la Corte. Una instando a los jueces para que aceleren los procesos y otra creando cuerpos especiales para las investigaciones en delitos de corrupción.
Se necesita, como hizo Brasil, una política de Estado para cambiar el sistema judicial. Pero acá está orientado a las elecciones.
—Pero usted le quita responsabilidad a los jueces.
—No, también. Los jueces tiene que tener una actitud. Los procesos tienen una tramitación muy lenta, por ejemplo, las recusaciones demoran muchísimo los procesos. Después, todos los problemas de valuaciones, peritajes, la falta de jueces. Aquí lo que se necesita es, como hizo Brasil, una política de Estado para cambiar el sistema. Se lo hemos planteado al resto de los poderes del Estado.
—¿Y qué respuesta tuvieron?
—Bueno, hasta ahora nosotros hemos hecho los actos públicos, a los demás les corresponde tomar otras decisiones.
—¿Hablaron con el Ejecutivo?
—No. Nosotros sacamos las acordadas que son claras. Todo lo demás son cosas que no nos corresponden.
—Uno ve que muchos jueces manejan los tiempos de las causas políticamente. Durante mucho tiempo las investigaciones no avanzan y, de pronto, se mueven por motivos políticos. Se vio por ejemplo, después del enojo que generó la fallida reforma judicial.
—Si hay jueces que lo hacen, no debería ser así. La función judicial no depende de eso. Obviamente que hay decisiones de alto impacto institucional, como son los delitos de corrupción, donde hay que tener en cuenta las decisiones que se toman. Yo he escrito un libro sobre eso, sobre todo en los casos de trascendencia institucional, de impacto macroeconómico. Los jueces, y sobre todo la Corte Suprema, debe tener gran responsabilidad institucional en ese sentido. Pero en los delitos comunes no. Las causas no pueden seguir el ritmo de cuestiones que ajenas. No se puede seguir la agenda política ni de los medios de comunicación.
—El contraste es entre la cantidad de denuncias y causas, y las escasas condenas.
—Lo primero que debe hacerse es que haya jueces. Si no hay jueces no puede haber celeridad.
—¿Se refiere a ocupar las vacantes?
—Claro, que cubran todas las vacantes.
Las causas judiciales no deben seguir la agenda política ni de los medios de comunicación.
—Pero no con el sistema de subrogancias.
—No, las vacantes. No es sólo materia penal. Hay problemas en todos los campos: un trabajador que quiere cobrar la jubilación, no puede esperar tanto tiempo. La Justicia tiene que ser profundamente reformada primero desde la tecnología que ahora está en manos del Consejo de la Magistratura. Hay que dar celeridad y control. Nosotros ya lo implementamos en la Corte.
—¿Y por qué cuesta tanto?
—Porque no hay políticas de Estado. Es muy difícil resolver los problemas de fondo si estamos siempre sobre la coyuntura, se reacciona frente al problema antes que trabajar en la causa. El sistema está orientado a las elecciones.
—¿La sucesión presidencial es una oportunidad para implementarlo?
—Nosotros lo planteamos todos los años. Siempre hay oportunidad. Ahora mismo.
—¿Cuál es su relación con los principales candidatos para suceder a Cristina Kirchner?
—Es buena. No estamos ni peleados ni nada. El proceso electoral va por un lado y la Corte va por el otro.
No tiene ninguna cuestión que obligue a hablar con los candidatos.
—¿Usted será el presidente de la Corte con el próximo gobierno?
—La Corte es una institución que está fuera del proceso electoral. Por eso Naciones Unidas llama a las cortes, jugadores no ortodoxos. La tradición argentina ha sido muy negativa en ese sentido porque ha habido la Corte de un presidente, la Corte de otro presidente y eso ha hecho que la Corte no tenga las funciones que tiene que tener que es generar confianza y seguridad a la ciudadanía. Dar estabilidad. Lo que hemos hecho ahora es decir: bueno la Corte va a seguir dando confianza a la gente, protegiendo los derechos ciudadanos. La Corte va a seguir, más allá de quién esté en el próximo gobierno.
Este es mi último período, no creo que siga otro más. Fui presidente porque en estos años nadie más quiso serlo.
—¿Por eso adelantó su reelección?
—Claro, para dar continuidad. Si después el año que viene vemos que hay otra conformación, se verá y se puede cambiar el presidente. Nosotros tenemos una línea de principios de interpretación de los derechos, de la independencia de los poderes que vamos a seguir sosteniendo esté quién esté en el Gobierno.
Y esto es un cambio muy grande en la historia argentina.
—¿Cree que el Gobierno va a mandar un nuevo candidato para la Corte?
—No lo sé.
—¿Nadie le adelantó nada?
—No. De todas maneras, aquí hay una vacante y lo que dice la ley es que somos cinco. El Ejecutivo tiene el derecho de proponer un candidato y el Senado lo aprueba o no. Tampoco pongamos la situación como una crisis.
—¿Hizo bien la oposición al decir que no habrá acuerdo para definir un reemplazante mientras dure este gobierno?
—Bueno, son decisiones. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los otros poderes.
—¿Se presentará a una nueva reelección con el próximo gobierno?
—Nosotros tomamos una decisión de común acuerdo con la idea que es necesario, por la tradición histórica argentina, que quede claro que la Corte trasciende los procesos electorales y su funcionamiento es independiente. Pero nadie se desespera por ser presidente.
—¿Pero va a presentarse?
—No, éste es mi último período. No creo que siga otro más. En estos años nadie quiso ser presidente.
—¿Sus pares no querían?
—No. Después de la presidencia de Petracchi, de ahí en adelante, nadie más quiso.
