Los jueces que el Gobierno ‘expulsó’ de Comodoro Py

Desde la llegada de Cambiemos al poder, en diciembre de 2015, hubo un nombre que encabezó la lista de “indeseables” del macrismo en tribunales: el de Eduardo Freiler. Cercano al kirchnerismo, el entonces camarista enfrentó a partir de allí un proceso en el Consejo de la Magistratura, que terminó en su destitución, en noviembre de 2017.

Para llevarlo hasta ahí, el macrismo hizo uso de una maniobra escandalosa a la que ni el kirchnerismo, “dueño” del Consejo durante toda su gestión, se animó en ese momento. En agosto de ese año y sin que hubiera jurado un nuevo consejero del Frente para la Victoria (FpV) consiguieron los números para enviar a juicio político a Freiler.

La destitución fue la primera “cucarda” que el macrismo se anotó en pos de una pretendida depuración judicial. Una movida que sellaría el camino para lo que sucedería apenas cuatro meses después.

En marzo de 2018 y tras la polémica desatada luego de  la excarcelaciones –luego revertidas– de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la causa Oil Combustibles, los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero que firmaron la decisión, también quedaron en el ojo de la tormenta.

Ambos magistrados eran considerados dentro de los históricos de Comodoro Py. No obstante, la presión fue tan grande y el avance contra ambos tomó tanta velocidad que Farah terminó partiendo de Comodoro Py con un traslado a un Tribunal en lo Penal Económico y Ballestero se jubiló.

Denuncia. El desenlace de Farah y Ballestero fue el rápido corolario de un camino que incluyó una denuncia presentada por la legisladora Elisa Carrió contra ambos camaristas en el Consejo de la Magistratura.

Carrió apuntó contra Farah por sus presuntos vínculos con un abogado cercano a López. A Ballestero, en cambio, lo hizo por su crecimiento patrimonial. A eso se sumó el pedido de la Corte para que se determine cómo se dio la participación de Farah en el fallo de López, ya que el magistrado era miembro de la Sala II y el caso estaba radicado en la I.

El mismo día que el máximo tribunal pidió explicaciones por el caso, Ballestero presentó un descargo, que luego amplió con dos escritos más, donde dejó en claro cómo se convocó a Farah para desempatar la situación que se había dado entre él y Bruglia, que se oponía a las liberaciones y cambio de carátula. Nada resultó suficiente.

Desde el comienzo, las situaciones de Farah y Ballestero, eterno compañero de Sala de Freiler, fueron distintas. Mientras que al primero solo le apuntaban por ese caso y no buscaban su remoción, en el caso de Ballestero, el Ejecutivo puso la mira y comenzó a buscar su salida de la Justicia. Un emisario del Gobierno fue a hablar con él y así empezó a tomar forma la posibilidad de que diera un paso al costado a través de su jubilación. Una salida “elegante” que le ahorraría el desgaste de un eventual juicio político y al Gobierno le daría la posibilidad de contar con esa vocalía lo antes posible.

Ballestero, como Freiler, tenía un antecedente que molestaba sobremanera al macrismo: por sus manos había pasado el caso de las escuchas ilegales, que involucró al propio Mauricio Macri.