Los jueces tomaron nota de la marcha aunque creen que la incitó el macrismo

No fue tan grande como esperaban sus organizadores, ni tan pequeña como auguraban los ocupantes de Comodoro Py 2002, pero la movilización del martes pasado, denominada “20J” y convocada por redes sociales, dejó un llamado de atención en los tribunales de Retiro donde se manejan las principales causas de corrupción. Así lo reportaron varios de los magistrados que fueron consultados por este diario sobre cómo se vivió la marcha que protagonizaron unas 2 mil personas en una tarde del feriado por el Día de Bandera frente a la sede judicial, mientras la ex presidenta Cristina Fernández encabezaba su relanzamiento político en la cancha de Arsenal.

Carteles que decían “Basta de jueces korruptos”, banderas de “Nisman presente” o mensajes de “Juicio político a Gils Carbó” no dejaron dudas del sentido político del reclamo. “Está clarísimo que esto fue fomentado por un sector del oficialismo”, dijo a PERFIL un juez que lleva adelante un importante expediente contra el gobierno anterior. “Pero no podemos ser soberbios tampoco. Hay que prestarle atención a esta movida porque es un punto de alerta. Además si querían quejarse de la Justicia, ¿por qué no fueron al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema? No, vinieron a Comodoro Py”, razonó.

Por su parte, un fiscal coincidió en que los manifestantes  se equivocaron de lugar, pero eligió otra dirección: “Tendrían que haber ido al Congreso Nacional. De ahí es de donde salen las leyes y las reformas para que podamos avanzar más rápido”.

Es que, por unanimidad, los funcionarios judiciales sostienen que el problema radica en los procedimientos: “No es un tema de personas. Mientras no exista un sistema acusatorio en el que los fiscales investiguen con una Policía Judicial y el juez se convierta en un árbitro, nos van a seguir criticando”, razonan. No obstante, algunos magistrados se plantean cambiar de estrategia a partir de ahora. Una medida será “bajar el ‘estándar de pruebas’ para avanzar más rápido y que las causas suban rápido a juicio oral”, confiaron a este diario.

La semana pasada, como una forma de atajar la movilización que se avecinaba, la flamante Asociación de Jueces Federales (AJuFe) emitió su primer comunicado hablando de las “enormes dificultades prácticas que se imponen cotidianamente” en la tarea que la sociedad “reclama” y sugirió coberturas de vacantes, autonomía presupuestaria y modificaciones legislativas.

“Nadie se imaginó que iban a juntarse tantos en un día inhábil en un lugar inhóspito. Yo pensé que no iba a haber nadie”, confesó un camarista a este diario. “Igual venían de Recoleta porque les quedaba cerca y no bajaban de 60 años –bromeó–. Digamos que salimos empatados”.

Pese a que era feriado, el juzgado de Sebastián Casanello estuvo activo esa tarde trabajando en varios expedientes, aun sin estar de turno con policía. Cuando a algunos de los empleados se les ocurrió asomarse por el ventanal para ver cuánta gente había en la marcha, los convocados comenzaron a gritarles “vagos”, sin saber siquiera quiénes eran. Los protagonistas lo contaban sorprendidos. En ese juzgado se sigue una de las derivaciones de la causa del Lava Jato: hay un solo empleado trabajando en la causa con la asistencia eventual de un colega. “O sea, una persona y media para una causa como Odebrecht. No hay más gente y no damos abasto. Pero dicen que no avanzamos”, se quejaban.

El reclamo a la Justicia englobó a todos sin distinciones. Eso es lo que más les duele a los jueces. “Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca. No somos todos iguales”, remarcaron.