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Últimos días de Alejandra Gils Carbó frente a la Procuración

Este domingo concluye el mandato de la funcionaria kirchnerista, quien presentó su renuncia en octubre.

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Alejandra Gils Carbó. | Cedoc.

La fiscal Alejandra Gils Carbó se prepara para su salida de la Procuración General de la Nación. Este domingo, concluye su mandato al hacerse efectiva la renuncia que presentó a fines de octubre y el Poder Ejecutivo analiza a los distintos candidatos a sucederla. Además, buscará modificar por ley al Ministerio Público Fiscal en el Congreso. 

En ese sentido, muchos de los perfiles de quienes podrían sucederla provienen del ámbito judicial y otros del político, según informó la agencia Noticias Argentinas. Algunos de los nombres que figuran en lista son los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca; la líder del GEN, Margarita Stolbizer; y el senador nacional Rodolfo Urtubey

El peso de la bancada peronista en el Senado, liderada por Miguel Ángel Pichetto, es un dato que el Gobierno tiene en cuenta, ya que es consciente de que el candidato a procurador general debe ser alguien que "reúna consensos políticos", según reconoció hace un tiempo el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Pero, además de la búsqueda, el oficialismo impulsa un proyecto de ley para modificar al Ministerio Público Fiscal, especialmente en lo que se refiere a la duración del cargo de procurador general. "La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo", resaltó Garavano en noviembre pasado, cuando se presentó ante la Cámara alta para defender la iniciativa. 

En ese marco, planteó que "al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles" para su designación en el Congreso. Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra frenado por diferencias entre el peronismo y Cambiemos, ya que los cambios que le introdujo la bancada opositora al texto apuntaban a mantener la estructura del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo quiere desmantelar. 

En una de sus últimas declaraciones públicas, la saliente procuradora general había cuestionado en duros términos el proyecto de reforma por considerar que "privaría al Ministerio Público de autonomía e independencia".