La futura número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Cristina Majdalani, y su esposo, el martillero Jorge Norberto Olivero, tienen un pasado polémico. En 1998, Majdalani fue interventora de la Obra Social de la Encotesa y las Telecomunicaciones, lo que le costó una denuncia por parte de su sucesor en el cargo, el abogado Leandro Illia, por “serias irregularidades en el manejo de fondos”. En 2004, la Oficina Anticorrupción impulsó la denuncia, en la que se detallan pagos de sobreprecios y contrataciones directas poco claras.
El esposo de Majdalani participó de una burda estafa para quedarse con parte de la herencia de un terrateniente cordobés, Juan Manubens Calvet, quien murió soltero y dejó vacantes unos 500 millones de dólares. Con la ayuda de Olivero, una mujer paraguaya falsificó documentos y se presentó como la hija no reconocida de Calvet. Lo audaz jugada no prosperó y Olivero resultó condenado a tres años de cárcel: empezó a cumplir la pena en Devoto, hasta que Carlos Menem lo perdonó a través de un decreto personalizado, en su último día como presidente. Como agradecimiento, en 2003 Majdalani y Olivero militaron desde la agrupación El Aguante por la (fallida) re-reelección de Menem, y en 2005 aportaron para la fianza del riojano, entonces investigado por sus cuentas en Suiza.
Majdalani además fue imputada en dos causas. Iniciada en 2006, por el delito acción pública, en una a Majdalani se la acusa por el robo y usurpación de un predio estatal ubicado en Andalgalá, Catamarca, para que lo explotara Minera Andina SA. La diputada integraba el órgano ejecutivo de la minera que usó ese terreno, perteneciente a Fabricaciones Militares, desde 1991 hasta el 2006, cuando fue desalojada por la Justicia.
Majdalani y otros imputados fueron sobreseídos por el juez federal Norberto Oyarbide, pero el 10 de septiembre de 2010 la Sala II de la Cámara Federal revocó la medida. Finalmente, la causa pasó a Catamarca.
En 2004, Majdalani fue acusada por haber participado de una maniobra para vaciar un grupo de compañías de seguros. En 1997, fue la presidenta de Paraná Seguros, una de las empresas involucradas en la supuesta estafa.
Según recuerda uno de los fiscales que investigó el caso, la metodología era: transferir la masa de asegurados que debían cobrar a una serie de empresas creadas ad-hoc, que no tenían activos ni intenciones de pagar las deudas. Se las liquidaba, y los asegurados nunca llegaban a cobrar. Las sucesivas denuncias en la mayoría de los casos se resolvieron con arreglos individuales, o directamente quedaron en la nada.
Ante la repetición de casos similares, dos abogados de la Superintendencia de Seguros, Pablo Guevara y Silvia Nora León, denunciaron la movida. Según reveló el periodista Julio Nudler, Majdalani querelló a Guevara y León en venganza, pero la denuncia fue desechada.
