La ex polifuncionaria menemista también es acusada del presunto delito de
asociación ilícita. La denuncia incluye
al ex ministro de Trabajo Rodolfo Díaz. No habrían incluido bonos en las
ganancias de los trabajadores.
Apogeo menemista: Mara Julia cuando pos en Las Leas, en julio de 1990, tan slo con un tapado de piel para la tapa de la revista Noticias |
Cedoc
La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia, esta vez por la privatización de la desaparecida Empresa Nacional de Telefónica (ENTeL).
Junto al ex ministro de Trabajo Rodolfo Díaz, fue denunciada por presunta "administración fraudulenta" y asociación ilícita, entre otros delitos, con penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión.
La denuncia, que fue realizada por la letrada Liliana Zabala, en representación de Roberto Blanco, un ex dependiente de ENTEL, lleva el número 2231, quedó radicada ante el juez Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Carlos Cearras.
En el documento se recuerda que el 23 de agosto de 1989 se promulgó la ley 23696 de "emergencia administrativa y reestructuración del Estado" que posibilitó la "desafectación del sector público de empresas que históricamente pertenecieron al Estado".
Esa norma "innovó en los procesos privatizadores" incorporando los Planes de Propiedad Participada (PPP) que le daban a los trabajadores acciones mediante las cuales "participaba en la propiedad del ente a privatizar" que, a su vez, debía "emitir bonos de participación en las ganancias para el personal".
Sin embargo, Zabala afirmó que el 5 de noviembre de 1992 se dictó el decreto 395, mediante el cual se estableció que las licenciatarias " no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal", lo que, a su criterio, "violenta derechos subjetivos de los trabajadores telefónicos establecidos previamente a su favor".
"Es que se cercena un derecho adquirido por ley, por un decreto y tendrá incidencia sobre los derechos garantizados por la Constitución Nacional en los artículos 18, 28 y 31", dijo Zabala, al tiempo que se preguntó si "¿puede el funcionario incumplir la ley o dispensar a particulares de su cumplimiento?".
A la ex polifuncionaria mememista, en su carácter de ex interventora de ENTel, se la acusa de haber "omitido incluir los bonos de participación en las ganancias en los estatutos de las licenciatarias" de la ex empresa estatal de telefonía "cuando la ley expresamente lo exigía".
En tanto, al ex ministro Díaz lo responsabiliza por la firma del decreto 395/92, al que calificó como "totalmente innecesario e inconstitucional" pues "transforma una obligación de derecho positivo en una de derecho natural (no exigible), sin ninguna atribución para ello".
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