Megadecreto, el primer test para mostrar el esquema negociador con el peronismo
El DNU para “desburocratizar” el Estado, con resistencia opositora, será un termómetro para la evaluación de los proyectos que se vienen. Lo debatirían el 6 de febrero.
Máximo Kirchner lamentó las agresiones a Lousteau pero reclamó que ni él ni su familia recibieron el mismo gesto |
NA: archivo
Daniel Mozetik
El tratamiento en el Congreso del polémico megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri para “desburocratizar” el Estado, con un ahorro estimado de 100 mil millones de pesos en dos años, será el primer test que tendrá Cambiemos a nivel legislativo en 2018 y servirá como termómetro para el resto de los proyectos que se tratarán a partir del 1º de marzo.
Según comentaron fuentes oficialistas a PERFIL, el objetivo es constituir esta semana la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para poder tratar el DNU el 6 de febrero. Por el Senado, ya fueron designados tres oficialistas, una kirchnerista, tres justicialistas y una salteña del Partido Renovador, aliada de Urtubey. En Diputados, son cinco los representantes de Cambiemos, dos kirchneristas –entre ellos Máximo Kirchner– y un referente del bloque justicialista.
En el oficialismo se muestran confiados en que “el empate está asegurado”, ya que además de los ocho integrantes propios, vislumbran que podrán lograr algún otro aliado circunstancial. En caso de empate, será el presidente de la comisión, aún no designado, quien tenga la última palabra. Antecedente. La votación de la reforma previsional a fin de año sirvió como muestra de esta permanente negociación y mostró a algunos legisladores justicialistas votando a favor de la iniciativa del oficialismo. No obstante, si el oficialismo obtiene un revés en esta instancia, ambas cámaras deberán ratificar el rechazo en el recinto.
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“Seguramente, vamos a tener que negociar todo el año, no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras”, admiten en Cambiemos, y mencionan, entre los futuros desafíos la reforma del Ministerio Público Fiscal, la reforma de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y, como prioridad a corto plazo, la reforma laboral.
El decreto presidencial, que ingresó el último jueves al Congreso, apunta a revisar “el funcionamiento de la burocracia estatal” para “la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica”, dice el texto firmado por Macri.
