El Gobierno nacional presentó hoy
un decreto en el que se ordena relevar el secreto de Estado a
hombres que formaron parte de las fuerzas de seguridad en el marco de los juicios a represores que
cometieron crímenes de lesa humanidad.
Desde la Casa Rosada, la ministra de Defensa
Nilda Garré anunció esta mañana un
decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner y que lleva
el título de
"Relevamiento de secreto por violaciones a los derechos
humanos".
"
Se extiende también a las diversas posibilidades en las que estas
personas sean llamadas a declarar", anunció Garré desde la Casa de Gobierno. "
Sin límite de tiempo", agregó, para indicar que el decreto
no sólo se refiere a la última dictadura militar, sino que también
comprenderá el accionar de la banda parapolicial de ultraderecha Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina).
"Es una demostración más del compromiso profundo que tiene el gobierno de luchar
contra la impunidad, que esta obligación de guardar secreto
no consituya un impedimento o un pretexto para obstaculizar la acción de la Justicia. Es una medida
histórica. Está limitado a las situaciones de terrorismo de estado y violaciones a los derechos
humanos", indicó la ministro.
El decreto es en respuesta al pedido que hizo el represor
Alfredo Astiz, quien declaró por primera vez el miércoles
pasado en la causa en la que se lo vincula por el secuestro y posterior desaparición de dos monjas
francesas
Leonie Duquet y
Alice Domon, víctimas de los grupos de tareas de la ESMA.
Su defensor,
Juan Aberg Cobo,
mencionó la responsabilidad de "agentes encubiertos"
franceses en los crímenes.
Astiz, quien realizó tareas de inteligencia para la Armada,
le
reclamó a Kirchner que le permita dar a conocer secretos militares
para poder dar detalles de cómo se consumaron los crímenes.
Sin embargo, "el angel rubio de la muerte",
no tiene que cumplir con la ley de inteligencia (25.520) que
impone el silencio sobre las operaciones realizadas por miembros de las fuerzas de
seguridad. Desde el Ministerio de Defensa indicaron que Astiz es conciente que no tiene que
pedir autorización para declarar, ya que fue destituido y perdió la condición de militar.
En esta causa, reabierta tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se
investiga la desaparición de las religiosas y de otras diez víctimas que frecuentaban la iglesia de
la Santa Cruz, entre ellas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo
, Azucena Villaflor; Esther Ballestrini de Careaga y María Eugenia
de Bianco.