Moyano busca más fondos e impulsa una ley para limitar a las prepagas

Como el sol, aunque no lo veamos, Moyano siempre está. Así explican en el Congreso y en el ámbito de los negocios la decisión del Gobierno de impulsar la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la medicina prepaga, frenado en el parlamento desde 2008, reactiviado por el oficialismo la semana pasada a pedido de la CGT, que aunque incluye los reclamos típicos contra esas empresas, podría reducir la calidad del servicio, de acuerdo con lo que afirman los empresarios.

Se trata de un negocio que factura $ 15 mil millones al año abastecidos por unos 4 millones de afiliados que, coinciden los especialistas, en su mayoría optan por la “derivación de aportes” de su obra social a la prepaga y pagan adicionales en los casos en que no alcanzan así a cubrir el precio del plan para evitar largas esperas, prestaciones de baja calidad y hasta el uso de medicamentos adulterados, que los planes de salud sindicales y el estructuralmente deficiente sistema público ofrecen.

Ahora, la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley un proyecto presentado por la actual embajadora en México y ex legisladora, Patricia Vaca Narvaja, en 2008 que fue tratado en el Senado y devuelto a la Cámara baja con modificaciones en noviembre pasado.

El Gobierno lo reimpulsó la semana pasada, luego de que la CGT pidiera una compensación de US$ 600 millones “por las pérdidas que le generaron el traspaso de los trabajadores a la medicina prepaga”, pidiendo el freno a esos traslados desde que las obras sociales se desregularon en 1997.

El taxista y secretario gremial de la CGT, Jorge Omar Viviani reclamó “discutir la participación de las prepagas en el sistema” y le aseguró a la agencia de noticias oficial que “el sistema de obras sociales sindicales, como está funcionando hoy, es bueno, lo que hay que corregir son algunos mecanismos de control y de transparencia” y que lo que pretende la CGT, “es que también se controle a todos los actores involucrados en la actividad”.

El proyecto contiene buena parte de los reclamos que los usuarios suelen hacerle al sistema privado, como limitar los aumentos de las cuotas cuando el afiliados pasa los 65 años de edad o la restricción a la carencia, o los tiempos de espera que los afiliados sufren en buena parte de estas compañías para acceder a algunos de los serviocios del plan médico obligatorio.

Pero en las empresas de medicina prepaga aseguran que la principal objeción al proyecto no reside en esos puntos, sino en que la regulación del sector “tiene mucho no escrito, lo que aumenta la discrecionalidad del regulador”, explicó Claudio Belocopitt, al frente del grupo Swiss Medical y titular de la cámara que agrupa a estas empresas (ver aparte).

Lea la nota completa en la edición impresa del diario PERFIL.