La Justicia deberá investigar si otros financistas allanados por orden del juez federal Norberto Oyarbide pagaron coimas a la brigada de la Policía Federal enviada por el juzgado.
El juez federal Luis Rodríguez investiga si el juez y su mano derecha, Carlos Leiva, eran o no parte de una supuesta maniobra junto a una brigada de la Policía Federal (Difoc) para montar causas, allanar financieras y obtener sobornos para frenar los procedimientos.
Tres hombres, dueños de dos financieras y un estudio contable del microcentro porteño, revelaron a PERFIL que también se les pidió dinero durante operativos ordenados por el juez.
Los tres fueron allanados el mismo día que Guillermo Greppi, en el marco de la misma causa. Esta semana, el juez reveló que el número dos de Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, lo llamó para anoticiarlo de que Greppi estaba siendo allanado y supuestamente coimeado, y que por ese llamado decidió suspender el allanamiento.
El juez Rodríguez solicitó a Asuntos Internos de la Policía Federal que enviara todas las actuaciones de la Difoc ordenadas por el juzgado de Oyarbide durante 2010 y 2011.
Ya analiza las de 2012 y 2013. Ayer sostuvo en un escrito que los indicios dan “cuenta de una comunidad”, en otras palabras, de un accionar conjunto entre la Brigada y el juzgado.
También informó que podría ampliarse la cantidad de imputados, luego de analizar los videos de la cámara de seguridad de la financiera Propyme durante el allanamiento en la que se identifican a otro policía denunciado: Angel Dardo Castro. Rodríguez también pidió al Estado el legajo de dicha financiera.
Los tres financistas que se reunieron con este diario contaron la misma versión de Greppi: que el jueves 19 de diciembre fueron allanados por la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) por orden del juez Norberto Oyarbide, que los procedimientos estuvieron a cargo del subcomisario Fabio Ascona y que se les exigió dinero para evitar “daños colaterales”.
A diferencia de Greppi, el dueño de Propyme, los tres contaron que debieron entregar altas sumas de dinero a los policías a cargo del operativo. Alrededor de dos millones de pesos por financiera.
Los tres pidieron reserva de identidad, tanto de ellos como de sus empresas. El subcomisario Ascona niega que él o sus colegas hayan pedido coimas. Así lo dejó asentado el jueves ante el juez Rodríguez.
Las reuniones con PERFIL sucedieron en el bar de un hotel de Retiro. Uno de los financistas incluso relató que debió pagar en dos tramos: durante el allanamiento y días después, porque no contaba en ese momento con el dinero en efectivo. Pagaron alrededor de dos millones de pesos, según las versiones contadas a este diario por sus protagonistas.
En una de las financieras allanadas, según contó su titular a PERFIL, la Difoc incluso secuestró 500 mil pesos y 5 mil dólares a una mujer coreana clienta de la financiera. Le devolvieron en el momento 100 mil pesos, como gesto de solidaridad con la mujer.
También relataron que mientras se llevaban adelante los allanamientos, el subcomisario a cargo del operativo, Fabio Ascona, impartía órdenes desde la pizzería El Pétalo, en Avenida Corrientes 499.
Uno de los financistas contó que le indicaron que debía trasladarse a ese bar a negociar con el policía el supuesto pago de un soborno.
El empresario definió la jornada como un “raid para saquear a las financieras”. El juez Rodríguez evalúa que estos empresarios declaren como testigos pero debe encuadrar los hechos: si son cómplices de los delitos de cohecho o víctimas de una extorsión.
Uno de los financistas dijo a PERFIL que declararía sólo con la condición de recuperar los millones que había pagado, un planteo impracticable.
No es la primera causa en la que el juzgado de Oyarbide y la Difoc son blanco de estas acusaciones. Al declarar como testigo, Guillermo Greppi sugirió que otro financista había tenido problemas en otra causa de Oyarbide, lo que llamó la atención del juez Rodríguez.
Fernando Caparrós Gómez era el financista de Sergio Schoklender. Cambiaba los cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el principal sospechosos de supuesto lavado de dinero al que apuntaban el fiscal Raúl Pleé y Jorge Di Lello en la causa contra Schoklender. Sin embargo, Oyarbide ni siquiera lo procesó.
En otra causa, también de Oyarbide, sus protagonistas cuentan hechos similares. En la investigación contra la financiera Alhec Tour, en la que el juez ordenó sorpresivamente la excarcelación de los empleados de la casa de cambio un domingo por la noche.
No había sucedido nada en la causa que motivara esa decisión del juez, que le valió una reprimenda de sus superiores.
Un origen sospechoso
El escándalo que vincula al juez Oyarbide con Carlos Zannini y su número dos, Carlos Liuzzi, tiene de trasfondo dos causas judiciales. Una es la que instruye el juez Luis Rodríguez, en la que investiga si existe una maniobra entre el juzgado federal número 5 y una brigada de la Federal para cobrar coimas.
La otra, es la causa que originó esa investigación. El expediente madre de este escándalo se inició por un llamado anónimo que recibió el propio Fabio Ascona, a cargo de los allanamientos a las financieras.
El 3 de mayo de 2013, el juzgado abrió el expediente a pedido del policía. Una resolución judicial establece qué debe hacer un juez en estos casos, es decir, cuando recibe un anónimo a través de la policía. Oyarbide no oyó esas reglas. Debería haber realizado las medidas de urgencia y luego haberse desprendido de la causa. Recién lo hizo siete meses después y tras un escándalo.
