La mayor apuesta del Gobierno en materia de modernización estatal comenzará a funcionar en los próximos días. A través de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, la administración de Mauricio Macri planea modificar la calidad de los trabajadores estatales hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales (por encima de la inflación), a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.
Todos los puestos, desde los jerárquicos hasta los más
básicos y que pertenezcan a la conducción más permanente del sector público,
más allá de la cambiante conducción política, tendrán que pasar esta prueba que
implementará el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por pedido del propio
Presidente.
"Queremos crear una universidad pública que esté
compuesta por programas que tengan que ver con itinerarios formativos en la
carrera del empleado del Estado", explicó Ibarra a La Nación.
En total, para el Estado nacional trabajan 210 mil personas distribuidas
en las áreas de Presidencia, ministerios, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes
Audiovisuales (Incaa).
El objetivo del Gobierno es que en el corto plazo la
totalidad de los miembros de la administración central (que cobra sueldo bruto
promedio de $ 30.000 mensuales), asistan a los 219 cursos de capacitación que se pondrán en marcha con un fondeo de 60 millones de pesos.
La creación de la "universidad virtual", un ítem clave de la
iniciativa, le permitirá al Gobierno llegar más allá de la ciudad de Buenos
Aires y reducir la ausencia de trabajadores estudiantes
y bajar los costos de la capacitación.
Desde las próximas semanas, cualquier persona que ingrese a
la administración central deberá completar un período de inducción de varias
horas, con cursos y programas obligatorios y optativos, cuya realización es
verificable a través de los sistemas tecnológicos que está desarrollando el
Gobierno.
Así, los empleados públicos estarán agrupados en diferentes carreras (administrativa, otra relacionada con la comunicación y otra social). Una vez que se haga su revisión y actualización, se tipificará cada una de ellas
para generar planes de formación y capacitación en función de sus cuestiones
específicas.