“Juegan con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de éste Juez, y que todo lo que proviene de sus decisiones, es de una venalidad insalbable”. Esos terminos utilizó el renunciado juez Norberto Oyarbide para darle sustento a su defensa ante el Consejo de la Magistratura, organismo que ya tenía un acuerdo político para avanzar en el proceso para removerlo.
La decisión de Oyarbide de renunciar a su cargo de juez federal abrió así una grieta dentro de las filas del oficialismo. A pesar de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya anticipó que Mauricio Macri le aceptará la renuncia, en el Consejo de la Magistratura todavía hay miembros que insisten en la necesidad de juzgarlo y destituirlo. Para eso es necesario el voto de dos tercios del Consejo de la Magistratura, que son nueve consejeros. Hasta hoy el oficialismo cuenta como propios a ocho, pero según fuentes del organismo, ya estaban avanzadas las negociaciones con Jorge Candis, el representante de los académicos, para sumarlo.
El caso por el cual el Consejo todavía lo quiere acusar es por haber levantado unos allanamientos en los que estaba involucrado Carlos Liuzzi -quien fuera el número dos de Carlos Zannini- justo después de haber hablado telefónicamente con él. En el descargo que presentó ante la Comisión de Disciplina, al que tuvo acceso PERFIL, Oyarbide reconoce esa comunicación, pero justifica la decisión en supuestos maltratos que estaban realizando los policías. No obstante, el juez hace eje en lo que considera que es una operación en su contra. “Mi convocatoria, estimo, sólo puede obedecer al desconocimiento de la invocada decisión judicial; en cuyo defecto he de considerar que el avance a un estado de jury, tiene su fundamento en razones políticas y no del estricto carácter jurídico que debe analizar esa Comisión Disciplinaria”, reza el texto.
Además, el juez sostiene que la denuncia está basada en una “presunción falsa: la supuesta interrelación y/o connivencia del suscripto para con el Poder Político”. Y paso seguido dice que se trata de una pretensión “injuriante”.
Sin embargo, para sectores del oficialismo, es precisamente esa supuesta relación con el poder de turno la que obliga a avanzar en su destitución. Este jueves, en la Comisión de Disciplina del Consejo, el juez Luis Cabral presentó la denuncia en contra de Oyarbide y quedó pendiente para la reunión de la semana próxima la firma del dictamen pidiendo que se conforme un jury de enjuiciamiento para removerlo del cargo (pretendían incluir también otras denuncias). Paso seguido, se preveía que en el próximo plenario -a fines de abril o principios de mayo- se buscaría aprobar ese procedimientos con el apoyo de dos tercios de los consejeros.
Ahora, todo ese trámite quedó en suspenso por la decisión de Oyarbide de renunciar. La palabra final la tiene Macri, que debe firmar un decreto aceptándosela. “No hay que aceptarle la renuncia, el sentido del jury es también deshonrarlo”, argumentó un consejero oficialista.
“Es un mal juez”
El juez Luis Cabral, uno de los representantes de ese estamento en el Consejo de la Magistratura, consideró ayer que la aceptación de la renuncia de su colega Norberto Oyarbide “tiene un carácter político”, pero aseguró que “hay condiciones más que suficientes para removerlo” de su cargo.
“Oyarbide está en condiciones de ser acusado, y estoy convencido de que su renuncia es por ese motivo. Ha incurrido en irregularidades extremas, es un mal juez, no tiene independencia, le falta decoro público y es parcial, y eso exige una respuesta institucional para que no continúe ejerciendo la profesión”, consignó Cabral, que presentó este jueves la denuncia en el Consejo.
