Pollicita y su colega Ignacio Mahiques realizaron el planteo en el marco de la causa de la obra pública, en la que la ahora candidata a senadora nacional está acusada de haber encabezado una asociación ilícita, que administró dinero estatal de manera fraudulenta, y por la que está a punto de ser enviada a juicio oral.
La Cámara Federal confirmó semanas atrás los procesamientos y embargos por 10 mil millones de pesos a cada uno de los principales responsables de esa supuesta organización, y se les había dictado una inhibición general de bienes.
"Pero es necesario tener presente que la maniobra investigada en autos ha irrogado un perjuicio millonario al Estado Nacional, que se asienta principalmente en los superlativos costos que el Tesoro Nacional debió afrontar debido a las estrategias de concurrencia múltiple y los reiterados atrasos y modificaciones de precios", dijo la fiscalía.
Según el dictamen al que accedió DyN, el pedido se realiza para "evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar".
Frente a ello, entonces, se reclamó que se "disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática".
El fiscal incluso pidió abrir "las cajas de seguridad franjadas" para hacer un inventario, secuestrar su contenido y embargar de manera inmediata "aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraren en su interior", con el fin de "profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar".
