Fueron diversas, asiduas y largas reuniones entre Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico, Martín Sabbatella, titular de la Afsca y David Martínez, dueño del 40% de Cablevisión. Desde hace meses tejen los plazos de una llamativa estrategia conjunta para lograr que Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín (controlante del 60% de Cablevisión) se ajuste a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tal como quiere el kirchnerismo. Pero fracasaron. Si bien Clarín presentó un plan para dividirse en seis empresas “distintas”, el Gobierno buscaba que se desprenda de su empresa de cable (el 70% del negocio total del Grupo) con el argumento de que es incompatible con su señal de TV insignia, Canal 13.
De hecho, Martínez, Zannini y Sabbatella, convencieron a Cristina Kirchner de que el Afsca aprobara inicialmente el plan que presentó Magnetto para crear seis “miniclarines” –algo que sucedió a mediados de febrero– a cambio de que en los próximos seis meses de plazo para ajustarse a la Ley inicien los trámites para vender el 60% de Cablevisión del Grupo Clarín. Ya tenían incluso el comprador. Pero fracasaron.
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Porque tal como anticipó PERFIL el 23 de marzo, la idea del Grupo es quedarse con todo. Sus abogados y lobbistas planificaron un esquema de “desinversión” donde parte de los activos de la empresa quedarían en manos de los hijos de los cuatro principales accionistas: Magnetto, Ernestina H. de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro.
Martínez creía que Magnetto iba a cumplir con su palabra: ajustarse de forma transparente a la Ley de Medios K. Eso le dijo a Zannini y a Sabbatella, que se los transmitieron a Cristina. A pesar de que otros empresarios trataban de convencerla de que eso era casi imposible. No cayó bien en Olivos el plan que adelantó PERFIL.
Por eso, dentro de la Afsca esperan que Clarín oficialice en los próximos meses entre quiénes dividirá sus empresas. Si intenta hacerlo entre los hijos, Deivid podría pedir a la Comisión Nacional de Valores, como accionista minoritario de Cablevisión, que defienda sus intereses en el directorio de la empresa. Es cierto que Grupo ya frenó esta posibilidad en la Justicia, pero no es la única pieza del contraataque que planifica el empresario cercano al kichnerismo
