La historia podría ser una comedia pero se asemeja a un drama, y une a la AFIP, a un abogado detenido por crímenes de lesa humanidad y a la justicia federal. La trama comienza con Jorge Humberto Appiani, detenido y procesado por la causa Area Paraná, en la cual se investigan delitos durante la última dictadura militar. En medio de su encierro, se le ocurrió iniciar una demanda judicial contra la AFIP para que le reactiven su número de CUIT. Al enterarse de que su clave única de identificación tributaria le fue suspendida presentó un recurso de amparo para que se resuelva su situación administrativa y se le reponga el CUIT. En un fallo de primera instancia, la justicia federal le dio diez días a la AFIP para que responda si va a continuar con la suspensión o no. La AFIP informó que este tipo de casos permiten “optimizar el control fiscal y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero”. En 2011, los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva acusaron a Appiani de ser “partícipe necesario” de privación ilegítima de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas, y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormento contra 27 personas entre 1976 y 1977. En ese momento era capitán auditor del Ejército y asesor legal de los consejos de guerra que juzgaron y condenaron a decenas de presos políticos. Appiani está detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde recayó el 4 de junio de 2009. Es socio y amigo de Jorge Antonio Olivera, quien se hizo conocido tras escaparse de la Justicia cuando era trasladado a un hospital militar por una supuesta afección dermatológica. Aún permanece prófugo, a pesar de que tiene una condena a cadena perpetua. Juntos defendieron a Guillermo Suárez Mason, Emilio Massera y hasta al criminal de guerra nazi Erich Priebke. Tras la fuga de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los fondos de un fideicomiso que había constituido junto con Appiani. Hasta el 31 de diciembre de 2010 el fideicomiso financiero “SJ2” tenía 9.457.804 pesos, pero curiosamente había cambiado de nombre y de titulares estando ambos detenidos. El titular de la UIF, José Sbatella, aseguró que desde allí se habría financiado “tanto el escape como la vida de los genocidas prófugos”. Por ello la suspensión del CUIT tiene relación directa con la posibilidad de que, a pesar de estar en la cárcel, Appiani pueda seguir moviendo fondos que compartía con su socio. En el juicio por la megacausa Area Paraná, los representantes de las víctimas, los abogados querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apelaron la resolución del juez federal Leandro Ríos, que le permite a Appiani (quien se defiende a sí mismo en el juicio) realizar la denominada “absolución de posiciones” a veinte testigos. En esta megacausa, Appiani tiene distintos fallos en contra por sus intentos de demorar el comienzo del juicio. En uno de estos fallos, la Cámara Federal de Paraná lo acusó de incurrir “en presentaciones dilatorias que obstaculizan el normal desenvolvimiento”.
