Preocupa al Gobierno una escalada de violencia de grupos radicalizados
La vinculan al caso Maldonado pero también a la campaña electoral. Apuntan a sectores anarquistas, a Resistencia Popular y Quebracho, y no descartan agitación del kirchnerismo.
Detenidos y destrozos. El Gobierno cree que “los mismos que rompieron todo en Plaza de Mayo tienen la idea de seguir avanzando” con otros hechos de violencia. |
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El caso Maldonado y los incidentes que se suscitaron en reclamo de la aparición con vida del joven generaron el temor en el Gobierno de un “efecto contagio” en agrupaciones y organizaciones sociales que aprovechen la legitimidad del pedido para radicalizarse.
En los despachos oficiales apuntan que el clima electoral también sirve como aliento. “Frente a una situación compleja en las elecciones, hay grupos que encontraron un lugar para hacer política generando violencia”, confió a PERFIL uno de los ministros del gabinete.
Los incidentes del viernes en Plaza de Mayo, sumados al clima efervescente en las provincias del Sur y los ataques al Ministerio de Seguridad bonaerense en La Plata, son algunas muestras que tomó el Gobierno como alerta. “Vemos el contagio en muchos sectores. Por ejemplo, ahora aparecen anarquistas que sienten que con un desaparecido pueden hacer cosas violentas”, afirmó un funcionario del área de Seguridad. Y sostuvo que, según su visión, el tema está escalando. “Creemos que los mismos que rompieron todo en Plaza de Mayo tienen la idea de seguir avanzando”, agregó la misma fuente. “El viernes la policía estuvo dentro del protocolo de acción y ellos denunciaron represión, queda claro que van a seguir”, concluyó.
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Grupos de anarquistas, en especial, pero también grupos radicalizados como Resistencia Popular y Quebracho están en la nómina de los principales agitadores, según relevaron fuentes oficiales. En el caso de los incidentes del viernes con una novedad: la organización y planificación de los ataques, que incluyeron barricadas y bombas molotov a dependencias oficiales como la mutual del círculo suboficiales de Gendarmería, entre otras. “Están tirando del mantel”, dijo, preocupada, otra fuente oficial. Incluso, un sector de la Casa Rosada no descarta que haya habido intendentes ultrakirchneristas que hayan colaborado en las sombras con estos grupos. Una hipótesis que nadie pudo confirmar oficialmente aún.
En el mapa de zonas conflictivas aparecen las ciudades grandes (Capital Federal, Rosario, La Plata, Mar del Plata, entre otras) y cuatro provincias del sur: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.
En las cuatro provincias del Sur se entremezclan grupos más radicalizados, como el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), con las organizaciones sociales que trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social en la ayuda a los sectores más vulnerables. Por caso, el Movimiento Evita –de buen diálogo con los funcionarios nacionales– tiene vínculos con los movimientos campesinos. A su vez, el Frente Darío Santillán también tiene una relación cercana con las comunidades originarias del sur de Río Negro. En el caso del Movimiento Popular La Dignidad tienen vinculación con la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) con fuerte ascendencia en Neuquén y Cipolletti. Si bien las organizaciones sociales son pacíficas, el temor es que, como defienden ideológicamente la lucha mapuche, los movimientos locales sigan el ejemplo de RAM. En este operativo de contención ya trabajan en la Rosada.
El abogado cercano al Papa, y referente de CTEP, Juan Grabois, conoce de cerca este tema: hasta febrero vivió en San Martín de los Andes. Estos días en El Bolsón y Esquel las casas de muchos gendarmes amanecieron con pintadas tildándolos de “asesinos”
Reparar los daños costará casi seis millones de pesos
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad informó ayer que será necesario invertir 5,8 millones de pesos para “recuperar, reemplazar y poner en valor los destrozos ocurridos en el eje cívico público de Plaza de Mayo-Congreso de la Nación” al término de la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. La estimación total se divide entre las tareas de limpieza e higiene urbana, además del reemplazo de treinta cestos papeleros, 21 contenedores nuevos y la reparación de 25, que tendrá un costo de $ 1.700.000. Para la recuperación de los espacios verdes afectados, que incluye nuevas luminarias, bancos, baldosas, nivelación de contrapisos, plantas y flores, el costo total es de $ 2.600.000. En tanto, la limpieza de grafitis de persianas, fachadas, puestos de diarios, paredes, estiman las autoridades que tendrá un costo total de $ 1.500.000. También se señaló que para terminar las tareas se necesitarán varios días.
