Luego del polémico decreto de “emergencia sanitaria administrativa” firmado por el ministro de Salud, Claudio Zin, la justicia penal de La Plata procesó a dos funcionarios de ese área, por una presunta defraudación cometida por el pago de sobreprecios por más de dos millones de pesos en la compra de medicamentos.
La Unidad Funcional de Instrucciones Complejas (UFIC) de La Plata resolvió el llamado a indagatoria de la ex Directora de Políticas del Medicamento María del Carmen De Souza, y el ex titular de la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares Elbio Martín Lardapide, según informó el diario platense Hoy.
En su resolución, los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Argüero indicaron que ambos imputados del Ministerio de Salud provincial “entre enero y junio de 2003, no controlaron las facturas presentadas al cobro por la droguería Drofasa”.
Aunque el artículo 70 del reglamento de Contrataciones de la Provincia regula la provisión de drogas antineoplásica, la fiscalía constató que la cartera política realizó una contratación directa, “permitiendo que se pagara de más y en beneficio de la droguería por una valor de $2.215.598,05”, según señala el dictamen al que tuvo acceso Trama Urbana.
Los fiscales señalaron que Drofasa “presentó facturas y remitos para su pago en la Dirección de Contabilidad y fueron remitidas a la Dirección de Políticas del Medicamento del ministerio de Salud, donde De Souza, como funcionaria responsable a cargo, había efectuado el control de los remitos y las drogas entregadas con sus correspondientes troqueles”. Para Argüero y Lombardo, De Souza “suscribió las facturas sin un efectivo control sobre los precios facturados y sobre los descuentos que debían efectuarse conforme lo establecido en el pliego de contratación”.
La semana pasada, Zin firmó un decreto de "emergencia administrativa sanitaria" por el cual se le concedieron superpoderes. Eso generó la crítica de dirigentes de la oposición, que adviertieron sobre la posibilidad de que la suspensión del pago a proveedores -dispuesto en la normativa-, podía provocar la falta de insumos en los hospitales de la provincia.
