Es el líder de los marítimos. Está acusado de obstaculizar la navegación de buques extranjeros. Además, es investigado por presunta extorsión. Fue investigado por PERFIL.
Uno de los sindicalistas favoritos de la Presidenta, Omar “Caballo” Suárez, fue procesado ayer por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por entorpecimiento de los servicios públicos. Suárez pertenece al gremio de los marítimos (SOMU) y fue sancionado por obstaculizar la navegación de buques extranjeros y por negarles asistencia, sin que mediara ninguna acción gremial. Según el fallo de Canicoba, lo hizo “en beneficio propio y no de trabajadores a los que representa, de manera arbitraria”.
Suárez enfrenta problemas internos en el sindicato. Una facción se escindió y lo denunció por llevarse materiales de la Isla Demarchi –tal como lo difundió Periodismo para todos– para un emprendimiento inmobiliario en Corrientes.
De acuerdo a la resolución judicial, el entorpecimiento se llevó a cabo “sin que se hubiera acreditado un conflicto gremial en regla y sin observar las más elementales reglas de procedimientos para un servicio fundamental como es la navegación”.
Entre otros, Suárez fue procesado porque le impidió asistencia a un buque de Singapur tripulado por marineros de su sindicato. También fue acusado de negarles asistencia de remolque a dos buques de bandera paraguaya para ingresar al puerto de Buenos Aires.
Por los mismos cargos fueron procesados otros sindicalistas allegados a Suárez. El gremialista es también investigado por extorsión: el fiscal Gerardo Pollicita y el juez tienen la información de que pedía fondos para una fundación a cambio de no bloquear la entrada de buques. El indicio surge de una denuncia de dos empresas, Vessel SA y National Shipping. El fiscal aguarda el resultado de esa investigación para ver si lo procesan también por este delito.
Suárez negó ante el juez las acusaciones. “Se denunció que parte de esas actitudes estarían relacionadas con la decisión de algunas compañías de no realizar donaciones, liberalidades y otras contribuciones monetarias que serían ilegítimamente exigidas por el SOMU, con el pretexto de campañas de capacitación para sus afiliados. De este modo, el dinero ingresaría a la Fundación Azul y de ahí a la compañía marítima San Jorge”, le explicó Pollicita al magistrado para que impulsara la investigación.
Si eso se comprueba, Suárez estará más complicado. No es el primer sindicalista afín al Gobierno que afronta problemas judiciales.
El ex jefe de la Unión Ferroviaria José Pedraza está preso por el crimen de Mariano Ferreyra, ocurrido en 2010. Se lo acusa de ser el autor intelectual del hecho.
