Procesan al exgobernador de Santa Cruz por desobedecer un fallo de la Corte

Daniel Peralta, exgobernador de Santa Cruz, fue procesado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por no efectuar un fallo de la Corte Suprema que en 2009 le exigía reincorporar a Eduardo Sosa, ex procurador general provincial, a su cargo. En 1995, Sosa fue separado de su cargo por Néstor Kirchner cuando era gobernador.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dictó el procesamiento del exgobernador por "delito de desobediencia", que tiene una pena de 15 días a un año de prisión.

Bajo la gobernación de Néstor Kirchner, en 1995, dictó una ley para cumplir con la reforma de la Constitución Nacional de un año antes y se desdobló el cargo en dos: un Agente Fiscal y un Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. Sosa era el procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz pero no fue propuesto para ninguna de las nuevas funciones.

En el momento que fue apartado de su cargo, el exprocurador investigaba un acuerdo de honorarios de abogados privados que habían intervenido en un acuerdo extrajudicial por las regalías petroleras de la provincia. Su desplazamiento se vincula a ese caso y a que era independiente frente al gobierno provincial de ese momento.

Luego de ser apartado, Sosa comenzó una causa judicial en la que solicitó la inconstitucionalidad de la ley. Con idas y vueltas del expediente durante años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en octubre de 2009 que el desplazamiento había sido inconstitucional y que debía ser repuesto en su cargo.

Sin embargo, la medida que fue ordenada a Peralta, gobernador de Santa Cruz en ese momento, nunca fue llevada a cabo. Ante la justicia, el mandatario sostuvo que la restitución no la podía cumplir porque no estaba dentro de sus competencias –esos nombramientos los hace el Poder Legislativo– y que como agente fiscal se encontraba otra persona que tenía derechos adquiridos y solo podía ser removido por un juicio político.

Peralta dijo que a Sosa le ofrecieron una indemnización de 1.200.000 de pesos, que fue rechazada y que envío un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia para dividir el cargo de Agente Fiscal en dos y darle al exprocurador la competencia civil, comercial y laboral. Pero ese proyecto nunca se trató.