La formación de un equipo bilateral de investigación en el caso Lava Jato está cada vez más cerca. PERFIL reveló en su edición de ayer que Brasil aprobó el trabajo coordinado con la Justicia argentina. Fue a pedido del fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien desde hace dos meses lleva adelante las negociaciones con Odebrecht. El equipo estaría integrado por uno de los fiscales brasileños del Lava Jato, el propio Rodríguez y al menos uno de los fiscales federales que intervienen en las causas contra la empresa. Este medio pudo saber ayer que hay tres nombres propuestos para integrar ese equipo: Federico Delgado, Franco Picardi y Gerardo Pollicita. Los tres fiscales federales tienen causas relacionadas con el escándalo de coimas en Brasil.
Delgado investiga posibles sobreprecios en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, en Tigre, e impulsa la reapertura de la causa contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas; Picardi investiga presuntas coimas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento; y Pollicita, presuntos sobornos en la venta de Transener.
El equipo bilateral servirá para el intercambio directo de información y documentación, y será clave cuando llegue la hora de preparar los interrogatorios para los ejecutivos arrepentidos. PERFIL contó en su edición de ayer que el acuerdo entre la Justicia y la constructora brasileña se tensa, pero nadie tira la toalla. En Odebrecht están seguros de que su convenio será un quiebre en el universo de la obra pública en Argentina y que, como en Brasil, se convertirían en el recordatorio permanente de las consecuencias del pago de sobornos para acceder a los contratos y licitaciones del Estado; que se volverán un mensaje viviente para empresarios y funcionarios argentinos. La propia Elisa Carrió, armadora de Cambiemos, volvió a poner el eje en la corrupción de la obra pública ayer (ver aparte).
El acuerdo se extenderá al menos varios meses, pero las partes deben llegar a un arreglo primero. Hasta ahora, hay pocos puntos en común en la negociación y la Justicia considera que las exigencias de Odebrecht son “inviables”.
La empresa pide que la Argentina firme por adelantado un compromiso para proteger a sus ejecutivos. Pero los fiscales aún no saben qué pruebas aportaron en Brasil sobre los funcionarios argentinos y no pueden comprometerse a un acuerdo antes de garantizarse que las pruebas y los testimonios serán útiles, comprobables y apunten a las máximas autoridades.
Odebrecht quiere inmunidad para quienes declaren. Sin embargo, la Ley del Arrepentido sólo permite reducir las penas y otorgar excarcelaciones, pero no concede inmunidad. La empresa, además, pide un acuerdo global que incluya en una misma negociación una amnistía penal y económica que le permita seguir operando y ganando licitaciones. En Brasil, la ley lo permite. En Argentina, no.
