La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por "administración fraudulenta" por la compra del edificio de la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.
La medida había sido dictada por el juez Julián Ercolini en octubre de 2017 quien acusó a la ex jefa de los fiscales por supuestas irregularidades en perjuicio de la administración pública y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos. La hipótesis del fiscal es que Gils Carbó ideó un plan para dar de baja una licitación y comprar otro edificio en forma "direccionada" por el que se pagaron altas comisiones "violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a su cargo".
Confirman el procesamiento de Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración.
Desde el primer momento la exprocuradora negó las acusaciones del magistrado y aseguró que la compra del inmueble pasó por todas las instancias de control con un "riguroso cumplimiento" de los pasos administrativos.
Sin embargo, en el escrito que presentó ante la justicia en ese entonces, la exfuncionaria admitió que pudo haber "un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia".
La compra del inmueble fue cuestionada porque su propietaria, Arfinsa, pagó comisiones por 7,7 millones de pesos, y uno de los que cobró una factura es Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, quien, como subdirector general de la Procuración, participó en el proceso licitatorio por la compra del edificio.
En concreto, Gils Carbó aludió a Bellingi quien, según ella, habría usado la información "en beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo".
"No lo conocía, no era mi colaborador directo. Lo vi dos o tres veces en todos estos años, en reuniones generales, no era de mi gabinete, no era de mi equipo", expresó la exprocuradora al ser entrevistada por Jorge Fontevecchia.
Gils Carbó a indagatoria | "La hipótesis del fiscal es, al menos, extravagante"
"Nos enteramos por los medios de lo que cobró el medio hermano de este señor Guillermo. Que no es que fuera mi colaborador, digo, porque en algunos medios dijeron que era como mi mano derecha y no, nada que ver", reiteró durante la entrevista con PERFIL.
En el detalle de lo ocurrido, la funcionaria refirió que a raíz de publicaciones periodísticas se abrió un sumario interno y se estableció que Guillermo Bellingi, el funcionario suspendido, “había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón”.
Gils Carbó puntualizó también que “resultaba altamente probable un vínculo familiar con Juan Carlos Thill”, presunto familiar del funcionario que habría cobrado una comisión millonaria por la operación.
En el fallo que dieron a conocer este jueves, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens establecieron que no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí se direccionó la licitación para beneficiar a un mediohermano del exsubdirector de Administración del organismo.
El edificio de Teniente General Perón 667, en el microcentro porteño, fue adquirido en 2013 por 43,8 millones de pesos, lo que equivalía entonces a unos 8 millones de dólares.
