Exigida por la oposición desde el 2017, la ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno ante la crisis desatada por la corrida cambiaria post-PASO. Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertan por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios. La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002.
En concreto, la Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia.
En otro día de protestas, "Los Cayetanos" van al Congreso por la emergencia alimentaria
Este miércoles 4 de septiembre habrá una jornada de medidas de fuerza en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana, Barrios de Pie Somos, CCC y CTEP instalarán una carpa frente al Congreso con la idea de permanecer en el lugar "hasta que se sancione la ley" de emergencia alimentaria. Allí serán recibidos por los diputados de la oposición quienes, según pudo saber PERFIL, ya habrían acordado la presentación de un proyecto de ley unificado y el pedido de una sesión especial para tratarlo.
En plena crisis económica y social, Cambiemos se resiste a aprobar la ley de Emergencia Alimentaria con el argumento de que sus alcances ya están contemplados dentro de la Ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año.
Por qué hay que sancionar ya la emergencia alimentaria
Además, un informe difundido el pasado lunes 26 de agosto por la Universidad Católica Argentina asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, la mayoría en las escuelas, y que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial.
Esto se potencia con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que detalla cómo el gobierno nacional devaluó políticas sociales dirigidas a los menores, con recortes a la AUH, el Plan Qunita, Conectar Igualdad y la provisión de vacunas. La inversión real del Estado, se afirma, es un 20 % menor de lo que era cuando comenzó el mandato de la fuerza política que usted integra en el país y en la Provincia.
Por el caso, los intendentes le pidieron a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que declare la emergencia alimentaria ya que "la angustiosa situación que vive nuestro pueblo y que se viene profundizando mes a mes, a partir de la crisis económica y social que atraviesa el país y que tiene implicancias durísimas en la Provincia". "Los comedores tienen cada vez más niños y ahora se suman los padres; la situación es crítica", denunció el jefe Comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en diálogo con Radio El Destape.
También se sumó al pedido el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, tema con el que ya había insistido cuando pidió a los demás candidatos dejar de lado temporariamente la campaña electoral para atender los problemas más acuciantes de la población. "Hemos visto un rebrote de la inflación que agravó la situación crítica que viven millones de personas, que ya venían sufriendo un marcado deterioro en sus condiciones básicas de vida", dijo Lavagna al citar las mediciones que consideran que unos 14 millones de argentinos son pobres.
DR EA
