Norberto Oyarbide lanzó una bomba política y judicial este miércoles cuando denunció que recibió "presiones" para sobreseer al matrimonio de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner por sus inexplicables aumentos de patrimonio desde su llegada al poder. El juez federal retirado apuntó entre lágrimas a Javier Fernández, sindicado como supuesto operador judicial del kirchnerismo; y a Antonio Jaime Stiuso, uno de los hombres de Inteligencia más temidos de la Argentina que trabajó para el anterior Gobierno.
El ex magistrado matizó sus dichos este jueves y afirmó que Fernández y Stiuso solo le pidieron "celeridad" en el tratamiento de las causas, y que siempre falló "conforme" a derecho. Pero la bola de nieve ya era imparable: horas después, la Unidad de Información Fiscal (UIF) pidió reabrir la causa que Oyarbide cerró en 2009.
Pero no fue Oyarbide el único juez que en la era K eligió cerrar causas que a todas luces se mostraban muy polémicas. El primero fue Julián Ercolini quien clausuró la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el período 1994-2003. Lo hizo después de que el fiscal Eduardo Taiano considerara que el expresidente Néstor Kirchner no merecía ser imputado.
Luego llegó la etapa en la que Oyarbide debió investigarlos. De forma abrupta, consideró que todo estaba en orden. Se trató del período 2007-2008. En esa etapa, el patrimonio neto del matrimonio presidencial pasó de $17.824.941 a $46.036.711. En sus declaraciones juradas, explicaron que el incremento se debió a un aumento de lo que percibieron por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios. El 22 de diciembre de 2009, tras la denuncia de Ricardo Monner Sanz, el entonces juez federal decidió sobreseerlos.
En el fallo, citó breves referencias a un informe elaborado con el perito propuesto por los Kirchner, Víctor Manzanares, contador que ahora está detenido. "No encuentro elemento alguno que no me permita descartar con la certeza del caso la configuración del ilícito denunciado, resultando por lo tanto legalmente imperioso proceder a decretar el sobreseimiento de los imputados", escribió Oyarbide. El patrimonio presidencial había subido un 158%.
El 19 de enero de 2010, llegó al mismo resultado tras recibir un peritaje que realizó el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyó que la expresidenta y su esposo no cometieron delitos a la hora de justificar el incremento de su patrimonio. Seis años después, en abril de 2016, Oyarbide renunciaría a su cargo tras 21 años como juez federal, presionado por las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura.
Canicoba. El último juez federal que cerró una causa contra la expresidenta por presunto enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007 fue Rodolfo Canicoba Corral. Ya había rechazado la denuncia el 11 de abril de 2008, porque consideró que los bienes estaban debidamente declarados y atribuyó el incremento patrimonial de la pareja a inversiones que habían realizado, tal como lo indicaba el dictamen del fiscal de la causa Eduardo Taiano.
Pero ante los reiterados pedidos de la Cámara Federal porteña, la causa nunca se cerró. En agosto del 2012 Canicoba consideró que la investigación ya no tenía sentido puesto que no había nuevas pruebas.
