Ratifican al juez que apunta a Stornelli y el fiscal quedó complicado

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue confirmado al mando de la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y una supuesta red de espionaje ilegal dedicada a la extorsión. La decisión fue tomada por dos de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, según el fallo que se dio a conocer. En el expediente se investiga también a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción y quien había pedido el apartamiento del juez de Dolores.
Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez rechazaron este viernes apartar a Ramos Padilla de la investigación. Stornelli había planteado que el juez perdió “parcialidad” y cometido “prejuzgamiento” en su contra cuando procesó a D’Alessio y detalló su nexo con Stornelli en ese marco.
La decisión de la Cámara de Apelaciones marplatense llegó justo antes de que Stornelli deba declarar en indagatoria el martes. El juez Ramos Padilla lo había citado para el miércoles, pero el fiscal no se presentó y lo recusó, por segunda vez, por los mismos motivos. El magistrado, entonces, le dio una nueva fecha para el viernes (ayer) pero el abogado de Stornelli pidió una prórroga debido a que tenía fecha de juicio para el mismo día.
Ramos Padilla espera ahora a Stornelli el martes. Si el fiscal no se presenta a declarar como imputado, el juez podría declararlo “en rebeldía”, confiaron fuentes de la causa. Si se presenta, Stornelli podría ser procesado (o no) por su supuesta participación en tareas de inteligencia ilegal.
“A todo juez de instrucción se le debe reconocer un margen de discrecionalidad en el desarrollo de la investigación, lo cual no supone arbitrariedad”, dijeron los camaristas. “Solo cuando dicha discrecionalidad resulte a todas luces abusiva o imparcial, debe ser atacada mediante el apartamiento del juez natural de la causa por pérdida de objetividad”, dice el fallo.
El fiscal de los cuadernos de la corrupción también planteó que la causa contra D’Alessio, que lo tiene a él como imputado, debe ser investigada en los tribunales de Capital Federal y no en Dolores. Sin embargo, los jueces aún no se expidieron sobre este punto. Tampoco sobre la segunda recusación presentada por Stornelli, en la que pide apartar al juez de caso por su presentación en la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados. Por este hecho, el Poder Ejecutivo pidió el juicio político y destitución de Ramos Padilla.
Para los camaristas de Mar del Plata, Ramos Padilla no prejuzgó a Stornelli cuando describió su nexo con D’Alessio en el texto de procesamiento del falso abogado, ya que el prejuzgamiento puede darse en declaraciones extrajudiciales de un magistrado pero no incluye “las opiniones que pueda verter el magistrado en el marco de un proceso”, como en el caso del procesamiento de un imputado.
Stornelli también había reprochado al juez Ramos Padilla el haber publicado el texto del procesamiento de D’Alessio en el Centro de Información Judicial (CIJ), pero los camaristas entendieron que la decisión del magistrado se sustentaba en que “la especial atención periodística se debe a la gravedad de los hechos investigados y el interés público en los mismos”.

Explicaciones. Stornelli afronta un expediente administrativo por su imputación en la causa de Dolores. Si Ramos Padilla lo declara “rebelde”, el juez deberá informar la situación del fiscal al jefe interino de los fiscales, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. También puede pedir el desafuero del fiscal. Si el juez lo procesa, la decisión también tendrá impacto en la situación de Stornelli.
De acuerdo al procedimiento, tras la decisión del juez, el fiscal sería convocado a dar explicaciones ante su superior. Luego, Casal deberá decidir si convoca al Consejo Evaluador del organismo y si decide medidas disciplinarias contra Stornelli, que podría llegar a la suspensión de sus funciones, explicaron fuentes de la Procuración. Solo el juez Claudio Bonadio puede apartar a Stornelli de la causa de los cuadernos de la corrupción, ya que esa atribución es potestad del juez a cargo del expediente.
El Consejo Evaluador, integrado por cinco fiscales generales, es el encargado de decidir si un fiscal investigado debe atravesar por un juicio político o jury, que podría terminar en su destitución. Sin embargo, su diagnóstico no es vinculante para el Procurador, según fuentes del organismo.
En 2013, la procuradora Alejandra Gils Carbó se basó en este consejo para acusar al fiscal José María Campagnoli de supuesto “abuso de poder” y “mal desempeño” por su rol en el caso de la ruta del dinero K. Esto permitió iniciar un juicio político contra el fiscal de Saavedra, que finalmente se frustró.
Hasta el momento, la Procuración viene manteniendo distancia del caso Stornelli. En la Provincia de Buenos Aires, el procurador Julio Conte Grand apartó de su cargo al fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Bidone, luego de que el funcionario se presentara a declarar y admitiera que había intercambiado información oficial con D’Alessio. La Corte Suprema bonaerense suspendió esta semana por 90 días al fiscal Bidone. A diferencia de Stornelli, Bidone se había presentado a declarar de manera espontánea en la Justicia y dio detalles de su nexo con el falso abogado.
En diciembre de 2014, el fiscal Carlos Gonella fue declarado “en rebeldía” por el juez federal Claudio Bonadio. Gonella era el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y el magistrado lo había citado a indagatoria en distintas oportunidades por supuesta violación del secreto. Tras declararlo en rebeldía, le prohibió salir del país y pidió a la entonces procuradora, Gils Carbó, que inicie su juicio político para quitarle a Gonella sus fueros y poder arrestarlo. Algo que nunca sucedió.