Reabren causa contra De Vido por presuntas "dádivas" al Poder Judicial
Se habrían producido en el marco de la entrega de computadoras y televisores a fines de 2015.
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Pablo Temes
La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por presuntas “dádivas” al Poder Judicial mediante la entrega de computadoras y televisores a fines de 2015.
La Sala Segunda de la Cámara dejó sin efecto el sobreseimiento a favor de De Vido que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en una causa que fue impulsada por el camarista de Casación Juan Gemignani en medio de una escandalosa situación.
Durante la feria judicial del verano pasado, Gemignani le ordenó a una secretaria que realizara un inventario de una serie de artículos tecnológicos que había enviado el Ministerio de Planificación, presuntamente como parte de un convenio firmado con el Consejo de la Magistratura.
Gemignani sospechaba que ello podría formar parte de una “dádiva”, habida cuenta de las causas penales que De Vido tenía abiertas en el fuero penal federal porteño. La secretaria se negó a la tarea aduciendo que no era su metier, y Gemignani la denunció penalmente también a ella. De Vido fue sobreseído en primera instancia, pero la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, apeló la medida.
Ahora, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que el sobreseimiento para el ex ministro es “prematuro” y ordenaron profundizar la investigación en su contra. El fallo desliza la posibilidad de investigar a De Vido por “la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y/o violación de los deberes de funcionario público”.
Para la Cámara, “no se ha esclarecido el trámite realizado por el entonces Ministerio de Planificación desde el inicio para la obtención y entrega de los bienes, si se efectuó una solicitud previa en tal sentido y como consecuencia de ello el concepto por el cual fueron recibidos los elementos”.
El tribunal ordenó determinar “si medió comunicación o intervención del Consejo de la Magistratura sobre tales tratativas, y si los aparatos tecnológicos habidos resultaban aptos para la prestación de servicio -y cuál- al no haber sido sometidos a estudio técnico”.
