En la presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Recalde acusó al magistrado de desconocimiento inexcusable del derecho; incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias; negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia se funda en la orden de Bonadío de destruir 60 mil kits de cunas y sacos de dormir del “Plan Qunita”, en el marco de una causa iniciada a instancias de Graciela Ocaña. Según Recalde, no existe fundamento científico que desaconseje la utilización de los kits, que fueron distribuidos a fin de paliar una de las principales causas de mortandad infantil como es el “colecho”.
En tal sentido, el legislador considera “objetivadas las causales de remoción del magistrado por el hecho del manifiesto apartamiento de lo normado en la Ley 20.785” que regula la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales de competencia federal, y sostiene que este incumplimiento “no sólo revela desconocimiento inexcusable del derecho, sino un evidente afán persecutorio por causa política”.
Además, señala que “la arbitrariedad luce más ostensible cuando se aprecia la negativa del magistrado a analizar alternativas como el reacondicionamiento de los kits, en lugar de su lisa y llana destrucción”.
