El hombre
se dirigía al tribunal para declarar y desapareció antes de
llegar. Los organismos de DD.HH. presentaron un hábeas corpus pero tampoco dieron con
él.
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Cedoc
El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció hoy una recompensa para quienes aporten datos que permitan localizar a Jorge Julio López, un albañil secuestrado y torturado durante la última dictadura militar, que desapareció en la madrugada del lunes cuando iba a una de las audiencias finales del juicio al represor Miguel Etchecolatz.
La medida fue dispuesta por el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, luego de una reunión con los dos hijos de López, a quienes les transmitió su preocupación y solidaridad por el caso. Además, una organización de derechos humanos había presentado ya un hábeas corpus en favor del sobreviviente, un albañil de 76 años.
“La verdad es que no sabemos qué pudo haber pasado. Se nos ocurren muchas cosas, pero no tenemos ninguna certeza, es bastante raro. Amenazas hubo muchas, pero no podemos descartar ninguna hipótesis”, declaró Luciano Sívori, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) de la ciudad de La Plata.
Si bien en un primer momento se creyó que su ausencia podría estar vinculada a una “situación emocional” por acercarse el momento de la sentencia, el titular del Ceprodh descartó antecedentes psicológicos o un cuadro depresivo. La esposa de López vio a su marido por última vez el domingo por la noche. El lunes, a poco de levantarse, el albañil ya había salido de su casa en el barrio Los Hornos –en las afueras de La Plata y a unos sesenta kilómetros de Buenos Aires–.
Aquel lunes, el tribunal esperaba al López, testigo clave del juicio. Ese día se escucharon los alegatos de la querella, pero el hombre nunca llegó a destino. Los organismos de derechos humanos presentaron un hábeas hábeas el martes pero tampoco tuvieron ningún resultado.
El testimonio de López fue fundamental para demostrar el grado de participación de Etchecolatz, de 77 años, condenado por seis homicidios, ocho casos de privación ilegal de libertad y tormentos a detenidos políticos. El fallo consideró “delitos de lesa humanidad" los cometidos por el ex jefe policial “en el marco del genocidio que tuvo lugar entre 1976 y 1983”.
