La querella del exministro de Economía Alfonso Prat-Gay pidió este viernes condenar a al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a doce años de prisión por presunta instigación al falso testimonio agravado y violación de secreto, a raíz de una falsa denuncia hecha en 2014 que lo vinculó con una asociación ilícita y evasión, según consignó la agencia Télam.
Alejandro Carrió, abogado de Prat-Gay y quien se desempeña como querellante en este juicio oral, solicitó esa pena por considerar al exfuncionario instigador de falso testimonio y por violación de secreto y por abuso de autoridad. Se trata de la pena máxima que el Código Penal establece para esos delitos. Además, reclamó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Lo hizo al término de un alegato final donde pidió diez años de condena por supuesto "falso testimonio agravado" para otros dos exfuncionarios del organismo: Pedro Roveda y Horacio Curien.
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La querella pidió el máximo de las penas que prevé cada delito en la culminación del juicio oral al que son sometidos a raíz de una denuncia del exdiputado por haberlo vinculado falsamente a una presunta asociación ilícita dedicada a facilitar el encubrimiento de cuentas en el exterior. En ese marco a su vez, hizo los pedidos de pena subsidiarios en caso que el Tribunal no encuentre culpable a Echegaray por todos los delitos, y reclamó cuatro años si se lo condena por abuso de autoridad y violación de secreto y dos para el caso de que sólo reciba pena por este último delito.
Para Carrió, Echegaray "era claramente la máxima autoridad en materia tributaria con más poder en la Argentina". En ese contexto el abogado criticó la "utilización del Poder Judicial para realizar una falsa denuncia".
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Prat-Gay era apoderado de Amalia Lacroze de Fortabat y se lo ligó a una cuenta en Suiza que según la denuncia de AFIP en ese momento, no habría sido declarada por la empresaria. Para su abogado, "el daño" que sufrió su cliente "es notorio". Y aseguró: "Los acusados eran funcionarios públicos de la absoluta y máxima jerarquía. Eran las personas que tuvieron intervención en todo el desarrollo de este proceso que concluye con la radicación de la falsa denuncia".
Causa. El caso ocurrió en 2014, cuando la AFIP acusó a Prat-Gay de haber formado parte de una asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria, de quien el era administrador. Esta presentación fue desestimada en los tribunales en lo Penal Económico y tras eso, el exministro denunció a Echegaray. Según la acusación, el ex titular de la AFIP habría instigado a Curien y Roveda a realizar la denuncia y llevar a la Justicia los datos confidenciales.
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A principios de junio de 2019 cuando Echegaray declaró ante el tribunal, se desligó del tema y sostuvo: "Yo no instigué a nadie", y siguió: "Nosotros no sabíamos que esa lista contenía ciudadanos argentinos hasta que se llevaron una serie de gestiones y la administración tributaria francesa me entregó al información. Estamos hablando de la denuncia de la AFIP más importante de la historia. A nivel global, el caso del HSBC llevó a que se trabaje más fuertemente en el intercambio de información, en políticas que destruyan la posibilidad de evasión y la fuga de capitales que se estaba dando a nivel internacional".
"Los funcionarios que hicieron la denuncia con la información que traje¿qué otra cosa podían hacer? ¿Tenían margen para no denunciar? Yo creo que no. A diferencia de lo que dicen Prat Gay o (Carlos) Stornelli de que di consentimiento para denunciar, yo no di nada. Yo tampoco podía frenar la denuncia, uno no tiene esa capacidad dentro de una entidad de las características de la AFIP", concluyó en ese momento,
F.D.S./ C. P.
