Rico se fue de Tribunales con un salvoconducto: "falta de mérito"

El ex carapintada y ex intendente de San Miguel, Aldo Rico se retiró hoy  del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, donde el juez le dictó la falta de mérito en el marco de la causa en que se investiga el secuestro de Delia Kennedy -hermana de la histórica dirigente peronista, Norma Kennedy- y su marido.

Tras culminar su declaración ante el juez Rico Martín Suárez Araujo, Rico no quedó detenido aunque continuará siendo investigado en la causa, según confirmó su propio abogado defensor, Emilio Moreira.

Alrededor de las 18.30, el ex carapintada se retiró en una camioneta utilitaria y con vidrios polarizados, sin hacer declaraciones.

Rico se presentó ante el juez  Suárez Araujo para declarar sobre su rol en el campo de concentración que estaba emplazado en Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Ahora, volverá al lugar del presunto delito en donde deberá aguardar la decisión judicial.

El ex militiar arribó a los tribunales, acompañado por su esposa, poco después de las 8:00 a bordo de una camioneta Mercedes Benz con vidrios polarizados perteneciente a una empresa privada de seguridad. Rico ingresó raudamente sin formular ninguna declaración a la prensa y alrededor de las 10:00 comenzó a prestar declaración ante el juez Suárez Araujo.

En tanto, el encargado de dialogar con los medios presentes en las puertas del juzgado fue su abogado defensor Emilio Moreira quien había anticipado que su defendido "está listo para ser detenido".

Lesa humanidad. L a causa está encuadrada en la megacausa 4012, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Zona Norte, a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo.

La sospecha contra Rico surgió en base a la declaración de un testigo que directamente lo imputó en los procedimientos donde fueron secuestrados Delia Kennedy y su marido, capturados por las fuerzas de la represión el 10 de mayo de 1976.

Kennedy fue secuestrada en Munro (partido de Vicente López) y Sady en la Capital Federal y desde entonces están desaparecidos. En esa época Rico se desempeñado en la División Policía Militar de Campo de Mayo, con jurisdicción en la zona norte del conurbano.

La investigación, que Suárez Araujo había iniciado hacía un par de años, quedó virtualmente "frenada" cuando la Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta por el Congreso, en el marco de una apelación que hizo el general Santiago Omar Riveros, ex jefe de la zona IV, el procesado de más alto rango en esta investigación.

Tuvo que ser la Cámara Nacional de Casación Penal la que ordenara la reapertura de las investigaciones y, así, la propia Norma Kennedy impulsó la investigación contra el ex militar.

Testigo clave. Según trascendió, ese testigo dijo que reconoció a Rico durante el levantamiento de militares conocidos como "carapintadas" en la Semana Santa de 1987 -durante el gobierno de Raúl Alfonsín- como una de las personas que había visto actuar en el procedimiento contra el matrimonio Sady-Kennedy.

Justamente, ese y otros movimientos castrenses, cuyas caras visibles principales fueron Rico y Mohamed Alí Seineldín, se realizaron para reclamar que los militares de menor rango fueran exculpados de los crímenes de la dictadura, argumentando que habían cumplido órdenes de los mandos superiores. Entonces, el gobierno radical estableció las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas recién en la administración de Kirchner.

En el marco de la causa por los crímenes en Campo de Mayo y la zona, Suárez Araujo ordenó indagar y arrestar a los oficiales Raúl Harsich, César Amadeo Fragni, Osvaldo García y Alberto Aneto por la desaparición de Floreal Avellaneda.

Se cree que Campo de Mayo fue utilizado como un lugar de exterminio para los activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y se estima que menos del uno por ciento de los prisioneros que pasaron por allí lograron sobrevivir.

En ese marco, en los últimos años hubo numerosas inspecciones a ese predio castrense en busca del cadáver de uno de los jefes del ERP, Mario Roberto Santucho, ultimado por los militares en Villa Martelli en 1976, pero cuyo cuerpo nunca apareció.

Además, se sabe que en el Hospital Militar de Campo se atendieron varios partos clandestinos.