El gobierno de Salta le dio la razón a Greenpeace. Tras un cruce de acusaciones, cartas documento y amenazas, la provincia multó con 2,5 millones de pesos al empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le ordenó la reforestación de su finca salteña de 10 mil hectáreas. Además lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente. Greenpeace había recolectado 500 mil firmas para exigirle al gobernador Juan Manuel Urtubey que el empresario suspendiera la tala de árboles nativos.
“En enero, Nación había declarado ilegal este y otros 31 permisos provinciales de desmonte. Y obligaba a la remediación. Pero comprobamos mediante imágenes satelitales que las topadoras continuaban arrasando la finca. La multa y la inclusión en el registro de infractores, además de la obligación de reforestar, son un gran avance”, afirma la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, Noemí Cruz.
Braun Peña integró el directorio de Finca Cuchuy SA junto a Pablo Clusellas, secretario nacional de Legal y Técnica. Su cercanía con el poder macrista es directa y fluida: en 1997 le había comprado el predio El Yuto, vecino al de Cuchuy, al grupo Socma de la familia Macri. El conflicto por la tala en Cuchuy arrancó en 2011, después de la sanción de la Ley de Bosques. Y siguió por varios años. Tras una serie de cartas documento entre Greenpeace y el empresario, se acordó una reunión de mediación el 8 de marzo pasado.
Marcos Peña volverá a ser el armador electoral manteniendo el perfil bajo
“Gasté tiempo y dinero para ser uno de los empresarios más ricos del país, pero también para estar en las sombras y ser desconocido. No participo de ninguna red social por eso. Hice mucho esfuerzo para mantener un perfil bajo y ustedes me jodieron”, les habría dicho Braun Peña a los integrantes de Greenpeace, incluida la actual directora, Natalia Machain, y su antecesor en el cargo, Martín Prieto.
Según el relato de la organización, el empresario exclamó: “Como hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme dos o tres palos verdes para joderlos”. Y su abogado habría agregado: “Por suerte estamos en otra época del país. El no es Yabrán, si no imagínense”.
Desde el estudio jurídico Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados, que representa a Braun Peña, evitaron opinar sobre aquella situación.
En su campaña contra el desmonte del primo de Marcos Peña, la ONG había apuntado contra otra figura del oficialismo: el diputado macrista Juan Carlos Villalonga, quien fue director político de Greenpeace desde 1994 hasta 2011, cuando dio el salto a la política.
Sturzenegger contra Marcos Peña: lo acusó de arruinar su gestión
Diez días después de la mediación, Cali Villalonga habló por teléfono con Machain, la directora de Greenpeace. Según la versión de la ONG, que denunció a Villalonga en el juzgado porteño 20, el diputado continuó la amenaza de Peña Braun, al punto de funcionar como una especie de fuerza de choque del empresario.
Si bien Villalonga admitió haber conversado con Machain, negó haberla presionado. Ahora, al margen de esa controversia, el gobierno de Urtubey resolvió la puja sobre la tala de árboles en favor de Greenpeace.
Pero la trama política dentro del ecologismo excede el caso de Braun Peña. Casi en paralelo a la decisión del gobierno salteño, la Justicia sobreseyó al ex director de Greenpeace, Martín Prieto, en una causa por acoso sexual y laboral.
En abril pasado, cuatro mujeres, todas ex empleadas de Greenpeace, habían realizado una demanda penal contra Prieto. Una de ellas fue la ecologista María Eugenia Testa, esposa del diputado Villalonga. El 27 de noviembre pasado, el juez Martín Sebastián Peluso sobreseyó a Prieto, quien había sido apartado preventivamente de la ONG.
El fallo, que no fue apelado por las denunciantes, desmintió las situaciones de abuso sexual. Sin negar que hayan existido casos de maltrato por parte de Prieto, el juez afirmó que “deben ser ventilados y resueltos en el fuero laboral o civil”. Y señaló que las “desavenencias” laborales, contractuales, políticas y económicas no corresponden a la justicia penal.
