El clima de conflicto que se vivió en el Congreso con la reforma previsional se trasladó ayer por unas horas a la Legislatura de Santa Cruz, cuando trataba el pacto fiscal que la gobernadora Alicia Kirchner firmó con el presidente Mauricio Macri. La infantería de la policía provincial descargó una represión brutal de pocos minutos con balas de goma y gases contra sindicalistas que intentaban impedir el desarrollo de la sesión, bloqueando los accesos al edificio y quemando cubiertas.
Hubo una docente herida de gravedad, que tuvo que ser operada en el hospital regional de Río Gallegos. La protesta fue dispersada y el pacto fiscal obtuvo sanción con el respaldo de Cambiemos.
La gobernadora Kirchner, sin embargo, no logró que los diputados aprobaran el presupuesto. Será tratado recién en marzo. La designación de una jueza del Superior Tribunal de Justicia fue otro punto polémico de la sesión.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Juan José Ortega, de la CTA santacruceña, le dijo a PERFIL que se opusieron al pacto fiscal porque consideran que traerá ajuste a Santa Cruz y porque generará una dependencia “innecesaria” con el gobierno nacional.
Dificultades. Santa Cruz termina un año complicado. La crisis económica y social es bastante profunda. Tuvo su pico de tensión en abril, cuando un grupo de manifestantes intentó entrar a la residencia de la Casa de Gobierno cuando adentro estaban Alicia, Cristina y su nieta Helena.
Ese día, afuera hubo represión. Las protestas se repitieron a lo largo del año ante la falta o la demora en el pago de los sueldos, y los problemas con la obra social y el servicio de Justicia.
Ortega, de la CTA, destacó también la contradicción del kirchnerismo, que “cuando hubo represión en el Congreso la cuestionó, pero en la provincia que gobierna la aplicó”. El gremialista agregó que la violencia con la que se dispersó la protesta disuadió a la mesa de unidad de volver a marchar. Pero dijo que evalúan hacer alguna manifestación de rechazo a la represión en las próximas horas.
La última vez que Alicia Kirchner habló en público hace diez días fue para pedirles paciencia a los docentes, que reclaman el pago de sus sueldos de noviembre. “La verdad es que la provincia no tiene los ingresos”, dijo.
La relación entre Macri y la gobernadora fue cambiando. Al principio era muy conflictiva, casi nula. A medida que la crisis económica de Santa Cruz se profundizó, los vínculos se aceitaron un poco más. El gobierno nacional siempre dijo que ayudó a la mandataria con adelantos de coparticipación. Y ella se quejó por una asistencia insuficiente.
Pero el clima social en la provincia es tenso. Hace un mes, la esposa del diputado nacional Máximo Kirchner, Rocío García (que es funcionaria), fue escrachada por un grupo de vecinos.
Se supone que el pacto fiscal debería contribuir a equilibrar los números, aunque para la oposición más enfrentada con el kirchnerismo lo único que se logrará es empeorar la situación. El gobierno provincial arrancará el año sin presupuesto, pero habiendo adherido al acuerdo fiscal firmado con la Nación, lo que podría destrabarle recursos.
Polémica designación
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó ayer, en la polémica sesión, el pliego de la jueza de Cámara René Fernández para el cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia, pese al pedido de algunos sectores de desestimar el nombramiento. Fernández atravesó un pedido de jury que fue desestimado por tres votos contra dos y con una denuncia de maltrato durante una audiencia, según dijeron a PERFIL fuentes sindicales. Además, la jueza es calificada como kirchnerista. Según publicó PERFIL tiempo atrás, Fernández fue apoderada del FpV en la provincia. Y tenía abierta simpatía con el kirchnerismo. Las fuentes agregaron: “Quieren blindarse en la Justicia”.
