La pelea por la cantidad de fallecidos por la inundación en La Plata tiene dos protagonistas. De un lado, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y del otro, el juez Luis Arias.
El funcionario provincial fue quien no dudó en cerrar la lista de muertos en 51 y un desaparecido. Pero inmediatamente la nómina comenzó a generar dudas y el juez Arias inició una investigación. Según el magistrado, la cifra es mayor a la oficial, y, aunque el Gobierno bonaerense se plantó en 52 (finalmente Nilda Godoy, quien figuraba como desaparecida, fue encontrada sin vida), Arias sostiene que los fallecidos por causas de la inundación ya son 55.
A diez días de la inundación, las denuncias del magistrado ya le costó el pedido de juicio político. Y, aunque fue presentado por legisladores del sciolismo, su texto fue supervisado por el propio Casal.
En el gobierno provincial llevan el accionar de Arias al terreno de una pelea política. “Arias dio muestras en repetidas oportunidades de su dudoso accionar”, repiten en los despachos de la gobernación.
El sciolismo no perdió el tiempo. En la investigación por la inundación vio la oportunidad de arremeter contra un magistrado que siempre le resultó incómodo y buscará su destitución y la del defensor oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil, Julián Axat.
En los últimos años, el gobierno de Scioli vio en Luis Arias a uno de sus principales enemigos. El juez en lo Contencioso Administrativo ya había provocado el enojo sciolita el año pasado cuando, mediante una medida cautelar, frenó el desdoblamiento de aguinaldos, al asegurar que Scioli “violaba la ley”. En aquel momento, el propio juez acusó al gobernador de gastar plata en “propaganda naranja”.
También había fallado en contra de los descuentos de sueldo a los maestros después de paros de actividades.
Pero la principal pelea fue en 2008, cuando Arias impidió el arresto de menores de edad por contravenciones y averiguación de identidad, entre otras cosas. Meses después, el ex ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, lo denunció penalmente después de que denunció que la policía bonaerense reclutaba menores para delinquir y que las averiguaciones de antecedentes funcionaban como reclutamiento.
Arias también falló en otras oportunidades contra aumentos en la luz y el agua dispuestos por la administración provincial. Desde el sciolismo acusan a Arias de tener alto perfil y vocación política. Recuerdan que buscó llegar al cargo de defensor del Pueblo de la Provincia de la mano de la Coalición Cívica. Idéntica discusión que buscan plantear en medio de la pelea con los docentes, en la que el gobierno de Scioli acusa al titular de Suteba, Roberto Baradel de tener ambiciones políticas, aunque en realidad esté cerca de Nuevo Encuentro.
