Volvió la 'maldita policía'. Al menos eso parecen pensar el gobernador bonaerense Daniel Scioli
y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli: ayer denunciaron ante la justicia que los homicidios
cometidos en el conurbano -que se cobraron la vida de tres mujeres en menos de tres semanas- forman
parte de un complot policial para "desestabilizarlos".
La denuncia de los funcionarios bonaerenses (radicada ante el fiscal de instrucción de La
Plata, Marcelo Romero) incluye los asesinatos de
Renata Toscano, ocurrido en
Wilde el 18 de noviembre; de
Sandra Almirón, el 26 de
noviembre en Derqui; y de
Ana María Castro, asaltada y
asesinada cuando salió a comprar el diario en Lanús Este, el 6 de diciembre.
Stornelli sostuvo que esos crímenes están relacionados con un
"reclutamiento a menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia de la Provincia
de Buenos Aires, que habrían llevando a cabo presuntamente policías de la Provincia de
Buenos Aires, retirados o exonerados, quienes asegurando una mentida protección a los mismos y
otros beneficios, entre ellos dinerarios, les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones
criminales comunes".
"Casi como pergeñado, todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante
-maestras o profesionales con múltiples contactos sociales- que automáticamente motorizaban, a sus
núcleos de pertenencia social y barrial,
multitudinarias marchas con claras infiltraciones que aún los propios protestantes
eran quejosos de la presencia de miembros de políticas opositoras", agregó el funcionario en su
presentación judicial.
Si bien el ministro no dijo a qué funcionarios desplazados se refería, destacó que el
homicidio de Toscano ocurrió 24 horas después de que se relevaran a policías de la división de
Sustracción de Automotores, informó la agencia DyN. De hecho, Stornelli había anunciado
una serie de
medidas para controlar y limitar a la División Automotores, que podrían haber provocado el
malestar de los agentes de ese sector y por ende haber causado las supuestas represalias.
Stornelli cree que
esas medidas habrían "cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse
estado llevando a cabo" en torno al robo y hurto de autos. Por eso, agregó, los hechos posteriores
tuvieron "como claro objeto la intención encubierta de
desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad que conduzco, o
a la políticas del señor Gobernador".
"De comprobarse estos hechos, los mismos tendrían una gravedad institucional inusitada.
La denuncia es gravísima", afirmó el fiscal Marcelo Romero a
la
agencia estatal de noticias Telam. El fiscal informó que trabaja con "la SIDE y el área de
inteligencia de Gendarmería Nacional", y anticipó que esta semana llamará a declarar a Stornelli y
a la plana mayor de la policía bonaerense.
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, había denunciado el 22 de
octubre al diario
La Nación que
la policía bonaerense
reclutaba menores para delinquir y que las averiguaciones de antecedentes funcionaban como
reclutamiento. Curiosamente, el magistrado en ese entonces
fue criticado por
Stornelli, quien lo acusó del posible delito de "omisión de denuncia".
"No sé si Stornelli se entera mal o a destiempo, pero en buena hora que lo haga y se
investiguen este tipo de situaciones", dijo Arias hoy al canal de noticias TN, después de
la denuncia del ministro. “Yo había señalado que la policía no era parte de la solución sino
del problema, del reclutamiento directo o indirecto de menores para delinquir. La policía ha estado
involucrada en los delitos más importantes",
agregó el
magistado.
"Hay una complicidad con las personas que entregan armas y drogas a los chicos, esto está en
distintas denuncias en causas penales concretas", sostuvo Arias, quien habló de "complicidad de la
policía con los desarmaderos". Y concluyó que "es necesario poner a a la policía bajo control
político y control ciudadano".