La causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, va a una velocidad inusitada para las siempre lentas causas de corrupción y podría llegar a juicio en dos meses. La contundencia de la situación en la que fue detenido, con casi US$ 10 millones de dólares en su poder, y las pruebas y testimonios que se acumularon en su contra aceleraron la definiciones. Así lo aseguraron a PERFIL fuentes judiciales directamente involucrada en la causa.
López ya está procesado por el juez federal Daniel Rafecas por enriquecimiento ilícito, pero en el expediente comienzan a acumularse nuevas pruebas que van más allá del evidente caso de los bolsos en el monasterio de General Rodríguez. El fiscal federal Federico Delgado pidió que el cuerpo de peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal porteño perite los teléfonos iphone secuestrados a López y una tablet que utilizaba su esposa: María Amalia Díaz. Hasta el momento, la Justicia pudo saber que en ese dispositivo se hallaron pruebas documentales que comprometen a la esposa del ex funcionario porque demostrarían que era la encargada de manejar los negocios del matrimonio.
Díaz está llamada a indagatoria, al igual que las religiosas que asistieron a López la madrugada del escándalo. Tiene once llamadas con una de las religiosas durante la noche del 14 de junio. Pero la esposa de López también deberá rendir cuentas por el enriquecimiento ilícito: los documentos que se están extrayendo de uno de los dispositivos de Díaz incluyen registros contables de La Araceliti, la empresa que el matrimonio montó en Tucumán para negocios agrícolas y obra pública. La empresa tendría sólo dos empleados. Ahora deberán analizar si se usó para otros fines.
Esta semana declaró el arquitecto Federico Curcio, quien estuvo encargado de la construcción de la casa donde vivía López junto a su mujer, en Tigre. El hombre afirmó que fue el contador Andrés Galera, presunto testaferro de López, quien pagó todos los honorarios de la construcción. La estimación del monto de la obra fue de dos millones de pesos. La idea es que el ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación sea enviado a juicio oral rápidamente y el dinero secuestrado, destinado a un fin social. El fiscal de la causa, Federico Delgado, aseguró que, de cumplirse con los pasos procesales, “en dos meses podría ir a juicio oral”.
A eso se suma la voluntad que se vive en los últimos tiempos en los tribunales federales de Comodoro Py de “dar respuesta a las demandas de la sociedad, que exige celeridad en los casos de corrupción”, indicaron fuentes judiciales a PERFIL.
En principio la causa quedaría caratulada como “enriquecimiento” y no se avanzaría en este expediente sobre el origen del dinero encontrado, lo que derivaría en una ampliación al delito de lavado. El juez de la causa, Daniel Rafecas, optaría porque avance cada causa que López tiene en la Justicia de forma independiente. “Sería como sucedió con María Julia Alsogaray, en el menemismo”, compararon para dar cuenta de la situación.
El verdadero dueño. El arquitecto Federico Curcio, quien estuvo a cargo de las obras en la casa de Tigre donde vivía José López, declaró ante la Justicia que las refacciones y agregados que se hicieron en la vivienda los acordaba con el ex funcionario. Esto corroboraría que López era el verdadero dueño de esa vivienda, a pesar de tener contratos de locación con Eduardo Gutiérrez, propietario del grupo Farallón y empresario de la obra pública Gutiérrez y Díaz, esposa de López, están citados a prestar declaración la primera semana de agosto.
