La denuncia por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA –ocurrido en julio de 1994– a través del memorándum de entendimiento con Irán que presentó Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto tuvo un largo recorrido judicial. Marcada por varias idas y vueltas, actualmente se encuentra elevada a juicio oral y público. Este, aún sin fecha de comienzo, será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8.
En diciembre hubo algunas novedades en el caso. Mientras que el TOF dejó sin efecto la prisión preventiva que dos años antes había dispuesto el juez Claudio Bonadio sobre CFK, La defensa de Carlos Zannini, otros de los alcanzados por el magistrado, pidió las declaraciones de Ronald Noble, el ex titular de Interpol, y de Joel Sollier, consejero jurídico de ese organismo.
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Los pedidos pueden resultar claves. Noble desmintió a Nisman poco después de conocida la presentación del fiscal. En tanto que Sollier, consejero jurídico en 2013, cuando se firmó el memorándum, sostuvo que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”.
Ambos podrían derribar la versión de la denuncia de Nisman, cuya acusación original sostenía que el memorándum era un acuerdo espurio que canjeaba la caída de las alertas rojas de Interpol sobre ciudadanos iraníes sospechosos en el caso, a cambio de un intercambio comercial provechoso para Argentina. El memorándum nunca se aplicó (Irán no lo aprobó) y Argentina siempre negó que haya habido un pedido para que se caigan las alertas de Interpol. Noble, entonces titular de Interpol, también lo desmintió.
CD/MC
