La publicación del nuevo protocolo que reglamenta la disolución de piquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, condujo al oficialismo a ofrecer posiciones más moderadas desde el seno del sector. Con este objetivo, el secretario de Seguridad, Eduardo Burzaco, respaldó el derecho de libre circulación, aunque aseguró que el objetivo no es “andar usando balas de goma” ante cualquier circunstancia. Mediante su explicación, el funcionario se propuso desvincular la aplicación del protocolo con el ejercicio de la violencia por parte del Estado: “En el 99% de los casos no va a haber bala de goma. El tema es que cese el delito, hasta ahora nadie actuaba ante él”, argumentó. De esta manera, el funcionario salió a enfrentar las voces de la oposición que habían criticado la medida y también aplacó las declaraciones de Bullrich, quien había aseverado el jueves que los piquetes “se disolverán entre 5 y 10 minutos”. Burzaco, además, se comprometió a reducir el uso de armas que portan los efectivos policiales: “Las fuerzas federales en la primera línea de contacto no pueden llevar armas de fuego ni armas letales”. A su vez, aseguró que los proyectiles “sólo se utilizan cuando lo que está generando la manifestación configura un riesgo para terceros y para las fuerzas de seguridad”. Dirigentes de partidos progresistas y de izquierda salieron a cuestionar el protocolo antipiquetes. Victoria Donda, diputada nacional por Libres del Sur, señaló que la medida pone en riesgo “la paz social”, y a la vez dificulta la posibilidad de “resolver los reclamos de los ciudadanos a través del diálogo”. La legisladora por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, por su parte, fue más más contundente: “Es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental como es el derecho a la protesta y a la movilización”. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad participaron en diversos operativos cuyos desenlaces derivaron en el uso masivo de balas de goma frente a manifestantes. La primera escalada de violencia se produjo cuando los trabajadores de Cresta Roja que cortaban la autopista Riccheri fueron reprimidos por Gendarmería. Otro episodio se produjo a principios de enero, cuando se dispersó una protesta de empleados frente a la municipalidad de La Plata. El último y recodado fue la represión a una murga en la villa 1-11-14 en el marco de un allanamiento, también efectuado por Gendarmería.
